Política y psiquiatría

Pedro Sánchez, ayer, durante la inauguración de la XXVI Asamblea del Consejo de la Juventud de España. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS El psiquiatra suizo Kurt Schneider acuñó en 1923 el término psicopatía —hoy tan manoseado— definiéndolo como variaciones de la normalidad. En su teoría, Schneider no hablaba exclusivamente de asesinos o delincuentes, sino de diez formas «anormales» (fuera de la norma) de estar en el mundo. La psicopatía es un término más estadístico que clínico, lo que no impide que estos individuos sufran o hagan sufrir. Pero no son enfermos sensu estricto. Observo, con desazón, cómo el debate público ha abandonado el territorio de la retórica tradicional para instalarse en la banalidad de los diagnósticos de psiquiatría de salón. Una deriva donde el adversario político ya no es alguien con quien se discrepa en el plano ideológico o de gestión, sino un sujeto al que hay que descalificar mediante un diagnóstico clínico. Blancos de esta epidemia taxonómica son Pedro Sánchez, Javier Milei, Donald Trump o Vladimir Putin a quienes con frecuencia se les adosan etiquetas de manual psicopatológico, desde el narcisismo patológico hasta la psicopatía o la mitomanía. Reducir la complejidad de la acción de gobierno a un catálogo de trastornos mentales es un ejercicio de reduccionismo empobrecedor. Este fenómeno revela un profundo desconocimiento de lo que significa la salud mental y, al mismo tiempo, una alarmante banalización del sufrimiento psíquico. La psiquiatría y la psicología se han democratizado de mala manera; cualquier ciudadano provisto de un altavoz mediático se erige en un psiquiatra forense, dispuesto a interpretar los gestos, las miradas y los silencios de un líder político como si de un manual diagnóstico se tratara. Se confunde la ambición, la resiliencia o el cinismo táctico con patologías clínicas. El uso instrumental de la psiquiatría en política es perverso porque deslegitima al rival de su responsabilidad. Si a Pedro Sánchez —o a cualquier otro dirigente— se le cuelga la etiqueta psiquiátrica, automáticamente se invalida su discurso no por sus fallas políticas y comportamientos, sino por una supuesta alteración psíquica. Se sustituye el análisis crítico de las medidas legislativas o de los pactos de gobierno por una suerte de psicoanálisis de pacotilla que desresponsabiliza al sujeto sin ningún rigor. Además, esta tendencia acarrea un daño colateral gravísimo para los pacientes reales. Cuando se utiliza la enfermedad psiquiátrica como insulto, estigma o sinónimo de perversidad política, se refuerzan los prejuicios sociales que la psiquiatría lleva décadas intentando erradicar. Conviene recordar que la política es el arte de la negociación, el cálculo, la simulación y el engaño. Hay que sacar a la política del diván improvisado y devolverla al terreno de los argumentos y de la confrontación democrática. Al fin y al cabo, calificar de enfermo a quien piensa diferente dice mucho más de la salud de la propia mirada que de la mente de a quien así se califica.