Un presunto negocio ilegal alrededor de los trámites de inmigración terminó con el arresto de dos hombres en Texas. Entre ellos está Lukman Owolabi Ganiyu, exfuncionario superior de USCIS, señalado por autoridades federales de utilizar su puesto para aprobar y acelerar solicitudes a cambio de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Norte de Texas, informó sobre el caso. Según la denuncia presentada el 31 de agosto, Ganiyu y Adeniyi Akeem Somoye enfrentan un cargo federal por conspiración para recibir dádivas ilegales. Ambos fueron arrestados el 2 de septiembre.
Señalan pagos de cientos de miles
De acuerdo con los investigadores, el supuesto esquema habría operado desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2026. Ganiyu habría intervenido en solicitudes I-130, I-485, I-751 y N-400, relacionadas con peticiones familiares, residencia permanente y naturalización.
La acusación sostiene que el exfuncionario habría esquivado entrevistas obligatorias, revisiones de supervisores, restricciones jurisdiccionales, verificaciones de antecedentes y otros protocolos de USCIS. La finalidad, según los fiscales, era conseguir aprobaciones más rápidas, incluso para personas que presuntamente no cumplían con la ley federal.
El Departamento de Justicia (DOJ) señala que Ganiyu y Somoye habrían recaudado conjuntamente cientos de miles de dólares de solicitantes. Algunas cantidades, añade la denuncia, coincidirían con aprobaciones emitidas por Ganiyu.
WhatsApp también forma parte del caso
Los investigadores localizaron miles de mensajes de WhatsApp y cientos de llamadas entre Ganiyu, Somoye y personas cuyos expedientes estaban siendo procesados.
'Vender beneficios migratorios a cambio de dinero es un flagrante abuso de la confianza pública', afirmó el fiscal federal Ryan Raybould. Añadió que su oficina actuará cuando un empleado federal intente ponerle precio al estatus legal.
R. Joseph Rothrock, agente especial del FBI en Dallas, dijo que la presunta manipulación de decisiones migratorias por beneficio personal afecta la integridad del proceso.
Los acusados tuvieron su primera comparecencia ante un juez federal el 2 de septiembre. Si son declarados culpables, cada uno podría recibir hasta cinco años de prisión y una multa de hasta $250,000.
La investigación estuvo a cargo de USCIS, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI en Dallas. La Fiscalía recordó que ambos hombres son inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
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