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Jordi Sevilla

Transición energética: aciertan cuando rectifican

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¡Bravo por la actual vicepresidenta de Transición Ecológica!, que, con la prórroga de Almaraz, continúa su enmienda a la totalidad a la errónea política que quebró con el apagón del 28 de abril de 2025. Desde entonces, se suceden las rectificaciones y, como ocurre en los tiempos modernos, cuando se realizan desde el sentido común y la evidencia empírica, generan oposición por la cerrazón ideológica existente en algunos. Por ejemplo, aquella que confunde la lucha contra el cambio climático con la transición eléctrica y esta con el cierre de las nucleares, en una doble tontuna que hemos visto mucho estas semanas. El incumplido Acuerdo de París (2015) puso de manifiesto dos cosas necesarias, simultáneamente, para frenar el crecimiento de la temperatura media del planeta: un compromiso global de todos los países y la reducción progresiva de las emisiones de gases contaminantes y, de forma especial, de CO₂, para conseguir un balance neto cero de gases de efecto invernadero a mediados de siglo. Todo lo demás es instrumental para conseguir estos dos objetivos, a su vez intermedios, en la lucha contra el cambio climático. Pues bien, en este momento se están incumpliendo ambos compromisos: ni todos los países están aplicando políticas de reducción de emisiones (además de Irán, Libia y Yemen, que no firmaron, EE UU salió en enero de este año, China aplica su propio calendario y otros países en desarrollo no cumplen, porque los países desarrollados tampoco cumplen sus compromisos de financiarles la transición) ni, en consecuencia, se están reduciendo las emisiones globales (con China, EE UU e India como mayores emisores), a pesar de que la Corte Internacional de Justicia defendió que los Estados tienen la obligación jurídica de proteger a la humanidad de los peores efectos del cambio climático. La UE ha reducido las emisiones un 37% respecto a 1990, todavía muy lejos de la comprometida reducción del 55% en 2030, aunque dicho objetivo parece alcanzable dado el desacoplamiento que se está produciendo entre crecimiento del PIB y consumo energético. El descenso más significativo de las emisiones se produjo en el sector eléctrico gracias a 'un aumento del 8% de la electricidad generada a partir de energías renovables y a un incremento del 5% de la energía nuclear, unidos a una disminución del gas y el carbón', según la Comisión en su informe sobre Acción por el clima de la UE de 2025. Quedémonos con la referencia: Europa reduce emisiones porque incrementa renovables y nuclear, que, recordemos, no emite y forma parte del paquete de energías limpias. España, en su reciente PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), ha subido el objetivo de reducción de emisiones hasta el 32% para 2030, todavía insuficiente para cumplir con París y muy ambicioso a la vista de la escasa reducción del 5,8% que contabilizamos en 2025 (270 millones de toneladas de CO₂ frente a 286) según el Observatorio de Sostenibilidad. Por sectores económicos, el transporte es el gran problema por resolver a pesar de ser uno de los principales emisores. La obsesión por la electrificación de la anterior responsable no pasó del dicho al hecho y la actual también ha tenido que rectificar en esto, optando por la neutralidad tecnológica que impera en Europa y apoyando también el hidrógeno y los biocombustibles, aunque debe reforzarse la apuesta incluyendo la biomasa si queremos reducir emisiones. El otro problema es el de los sectores difusos, que aumentan sus emisiones ante la ausencia de medidas eficaces por parte del Gobierno. Solo el sector eléctrico reduce emisiones al incrementar la generación renovable en el mix nacional hasta superar el 50% en muchos momentos. Sin embargo, desde el apagón, las emisiones del sector eléctrico han subido un 9% por la mayor generación con gas incorporada al sistema reforzado puesto en marcha, de urgencia, por Red Eléctrica: la compra de gas a Rusia se ha incrementado un 42%. A la vista de los datos globales, pues, solo se puede estar orgulloso de lo hecho en el sector eléctrico, siendo consciente de que el apagón mostró que se ha tocado techo y de que es necesaria una rectificación más general también aquí, si queremos acompasar la transición con las leyes de la física. Y la actual responsable está haciéndolo, empezando por las rectificaciones más evidentes, pendientes desde hace años ante la indiferencia de su antecesora: conversores síncronos (más de 600 millones para instalarlos en la red), que estabilizan la tensión en la red; y baterías, cuya regulación se ha aprobado este año. Podemos decir que se ha completado la primera fase de la transición energética, aunque limitada al sector eléctrico y solo a la generación. Un mix eléctrico formado por un 80% de renovables, el actual 20% de nuclear y el gas solo como soporte es un objetivo deseable y alcanzable. Aun así, queda mucho por hacer si, como persigue la Comisión Europea, debemos duplicar la tasa de electrificación de la economía. Y tenemos que poner el foco en impulsarla en aquellos sectores que están retrasados en este objetivo, como el transporte. Pero también en el sector eléctrico entramos en otra fase, que debe estar presidida por la preocupación por ampliar y mejorar las redes de transporte y distribución, verdadero cuello de botella hoy del sistema, así como por el almacenamiento de larga duración, que incluye el bombeo hidráulico. En otra rectificación, ahora de la anterior planificación eléctrica, el Gobierno ha ampliado en 18.000 millones de euros la inversión necesaria en redes de transporte hasta 2030. Esperamos la rectificación asociada al impulso del bombeo y a las condiciones impuestas a los centros de datos. Si la transición energética consiste en reducir emisiones de gases de efecto invernadero, es difícil estar satisfechos con lo conseguido en España como consecuencia de las políticas de este Gobierno. Y no, precisamente, por la prórroga de la vida útil de las nucleares, las mismas que en Europa contribuyen a reducir emisiones. De hecho, estamos incrementando el consumo total y, por tanto, nuestra dependencia exterior de productos petrolíferos y de gas, en contra de los compromisos de una transición energética real. Más rectificaciones son imprescindibles. Jordi Sevilla es economista.
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