El 19 de julio de 1979, la revolución sandinista encabezada por Daniel Ortega ponía fin a los más de 40 años de dictadura de la dinastía Somoza y abría el camino a la democracia en Nicaragua. El 19 de julio pasado, exactamente 47 años después, el mismo Daniel Ortega le daba el golpe de gracia a esa democracia que había contribuido a instaurar: ese día anunció, en un polémico discurso: 'Aquí no volverá a haber elecciones...Jamás, jamás, jamás. No volverá a haber elecciones para que ellos (la oposición) intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder'.
El martes pasado se consumó la última traición del ex líder revolucionario: el Congreso aprobó una reforma constitucional que prohíbe, de manera oficial, que los grupos opositores participen en cualquier futuro proceso electoral. También se amplió la duración del mandato presidencial a 7 años. Las elecciones de este año ya se pospusieron para 2028. Octogenario, Ortega ya anunció que quiere gobernar hasta los 90 años. La 'Vice de Hierro' detrás del símil monarca, su mujer Rosario Murillo, ya se ha autoproclamado heredera del régimen.
La Historia suele tener estas ironías. La deriva autoritaria del ex líder guerrillero empezó hace ya mucho tiempo. Buena parte de los que lucharon junto a él para echar a Anastasio Somoza del gobierno fueron después perseguidos, encarcelados o desterrados de su propia patria por el revolucionario devenido dictador.
La lista de nombres es inabarcable: desde su propio hermano, Humberto Ortega, que murió en virtual arresto declarado 'traidor a la patria'; pasando por el poeta Ernesto Cardenal, perseguido hasta su muerte con saña feroz por Murillo, hasta el ex vicepresidente y escritor Sergio Ramírez, exilado en Madrid y despojado de su nacionalidad nicaragüense, o la multipremiada poeta y novelista Gioconda Belli, quien acusó a Ortega de 'traicionar el sueño nicaragüense'.
En el poder ininterrumpidamente desde 2007, el ex caudillo sandinista no se privó de nada: el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ante la Asamblea de la ONU alertó, el año pasado, que el gobierno de Ortega-Murillo 'ha desplegado una política deliberada para silenciar la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y una represión que traspasa sus fronteras', e identifica cuatro fases.
De 2018 a 2020, habla de 'represión violenta de protestas con ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas'; en 2021, 'represión selectiva para eliminar a la oposición electoral, con detenciones arbitrarias y cierre de medios; en 2022, 'erradicación de la oposición organizada y la sociedad civil, con el cierre de miles de ONG y, de 2023 a 2025, cuando se hizo el informe, 'consolidación del poder absoluto y extensión de la represión más allá de las fronteras'. Después llegaría el anuncio de julio pasado.
Para completar el cuadro, Ortega fue acusado por su hijastra, Zoilamérica, hija de un matrimonio anterior de Murillo, de haber abusado sexualmente de ella desde sus 11 años y por casi dos décadas: Murillo, su propia madre, la tildó de loca, mentirosa y traidora, cerró filas con Ortega, y Zoilamérica, socióloga, debió exilarse en Costa Rica. La joven habló entonces de una 'fusión perversa' en la pareja y del deseo de Murillo de hacer de Nicaragua 'el reino para toda la vida'.
Cuentan con algunos cómplices. En noviembre de 2021, en un contexto de violación de derechos humanos, represión y persecución política, el ex jefe montonero Mario Firmenich fue uno de los invitados de la dupla como veedor de las elecciones en Nicaragua; elecciones que el mundo calificó de 'farsa' y que, claro, ganó Ortega. Firmenich no sólo defendió al régimen, con el que simpatizó desde un comienzo, sino que justificó las detenciones de opositores y exaltó la libertad de prensa en ese país.
Medios nicaragüenses denunciarían en 2023 que el argentino cobraba, al menos hasta 2022, un sueldo de más de US$ 3.000 como empleado del gobierno de Ortega, violando una norma de ese país.
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