Proteger a los niños exige más Estado, no menos

La visita del secretario de Estado Marco Rubio a Colombia, Ecuador y Perú es una extraordinaria señal. Estados Unidos está demostrando el compromiso con una visión hemisférica que va más allá de enfrentar el crimen transnacional: busca fortalecer la seguridad, el desarrollo y las oportunidades económicas de nuestra región. El crimen organizado no puede seguir financiando violencia, corrupción y regímenes autoritarios. Se acabó el tiempo de la cleptocracia que pretende llegar al poder para apropiarse de los recursos públicos y condenar a sus pueblos al asistencialismo que empobrece a todos. Se acabó también para quienes buscan imponer modelos fracasados que destruyeron las oportunidades de generaciones enteras en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La seguridad hemisférica requerirá muchas reuniones y una estrategia integral. Debemos profundizar la cooperación militar, policial, judicial y de inteligencia financiera contra las economías criminales y simultáneamente pensar en grande: construir cadenas regionales de producción y valor agregado que permitan a las Américas generar empleo, crecer, competir en los mercados mundiales y lograr un círculo virtuoso con más desarrollo, mejor democracia, más seguridad. Precisamente cuando se abre esta nueva oportunidad de cooperación para derrotar el crimen en Colombia, aparece un riesgo preocupante: pretender frenar las operaciones de la Fuerza Pública con el argumento de proteger a los menores armados. Nuestros niños deben ser prioridad absoluta. Pero hay una enorme contradicción al invocar su protección para limitar la acción de la Fuerza Pública y guardar silencio frente al crecimiento dramático del reclutamiento de menores por grupos armados. Durante este siglo Colombia avanzó en una arquitectura institucional para prevenirlo. Durante el gobierno Uribe se creó la Ciprunna, mediante el Decreto 4690, y se consolidó la prevención con el Conpes 3673 de 2010. Durante el gobierno Santos se desarrollaron programas integrales en las zonas de mayor riesgo, y aunque el Acuerdo con las Farc incluyó el compromiso de detener el reclutamiento de menores, las Farc incumplieron sus compromisos y Colombia nunca conoció la verdad ni sanciono el reclutamiento. Durante el gobierno Duque, la prevención se volvió territorial y focalizada. La estrategia 'Súmate por mí' intervino 200 municipios de mayor riesgo, articulando instituciones, entidades territoriales y comunidades, para mantener a los niños en la escuela, fortalecer sus entornos familiares y alejarlos de los grupos armados. El gobierno Petro mantuvo formalmente el enfoque Duque, pero los resultados muestran un deterioro dramático de la seguridad. La Defensoría registró 753 casos probados de reclutamiento entre 2023 y 2024. Naciones Unidas reportó un aumento del 300 % en cinco años y estimó que durante 2024 un niño fue reclutado o utilizado cada 20 horas. La respuesta ahora no puede ponernos a escoger entre seguridad y protección de los niños. Necesitamos ambas. Colombia necesita una verdadera política de seguridad territorial para la niñez: inteligencia para identificar quién recluta, dónde y mediante qué mecanismos; control territorial para impedir que los grupos criminales dominen escuelas, comunidades y corredores; y prevención social articulada con familias, comunidades y Fuerza Pública. Los niños deben ser protegidos de los grupos armados criminales. Pero la Fuerza Pública no es la amenaza. Cuando los criminales utilizan niños como escudos, el Estado debe actuar con inteligencia, proporcionalidad y respeto por el derecho internacional humanitario. Pero paralizar a la Fuerza Pública en donde operan los grupos armados no protege a los niños: los expone más. Proteger a los niños exige más Estado en el territorio, no menos. Más Fuerza Pública, justicia, educación, familias fortalecidas y oportunidades. La primera obligación del Estado es proteger la vida, la libertad y dignidad de todos y particularmente de los menores. No podemos permitir que quienes reclutan niños terminen utilizando la justicia para impedir que el Estado los rescate. MARTA LUCÍA RAMÍREZ (Lea todas las columnas de Marta Lucía Ramírez en EL TIEMPO aquí)