La universidad de la princesa y la vieja escuela de clase

La entrada de Leonor de Borbón Ortíz en la universidad, no puede leerse como una escena inocente de juventud, estudio y normalidad institucional. Al contrario: es una operación política cuidadosamente diseñada para presentar como mérito individual lo que, en realidad, nace de una estructura de privilegio heredado. La monarquía necesita fabricar imágenes de cercanía, porque sabe que su legitimidad no procede de las urnas, sino de la continuidad histórica de un régimen de clase. Por eso cada fotografía, cada aula y cada compañero escogido alrededor de la heredera funcionan como piezas de propaganda: la princesa debe parecer una estudiante más, aunque nunca lo sea. En primer lugar, conviene llamar a las cosas por su nombre. La universidad pública, que debería ser un espacio de igualdad, pensamiento crítico y ascenso colectivo, queda convertida en decorado cuando se usa para blanquear una institución antidemocrática. Mientras miles de jóvenes estudian, trabajan, pagan alquileres imposibles y compiten en condiciones cada vez más duras, la heredera del trono accede al sistema educativo con una red de seguridad que ningún hijo de la clase trabajadora conocerá jamás. Ahí se revela la mentira de la meritocracia: no todos parten del mismo lugar, no todos caen al mismo abismo y no todos son juzgados con la misma vara. Asimismo, el caso resulta especialmente obsceno porque se presenta envuelto en el lenguaje de la modernidad. Se dirá que Leonor estudia Ciencias Políticas, que se forma para servir, que conoce la realidad del país y que comparte espacios con su generación. Sin embargo, detrás de esa narración amable aparece la misma lógica de siempre: la educación como barniz de legitimidad para quienes ya tienen asegurado el poder. La universidad no actúa aquí como herramienta de emancipación, sino como sello simbólico; no se busca formar a una ciudadana libre, sino decorar a una futura jefa del Estado que nadie haya elegido. Desde una perspectiva republicana, el problema no es personal, sino estructural. La cuestión no consiste en si Leonor estudia más o menos, si obtiene buenas notas o si posee mejores o peores capacidades. El núcleo del conflicto está en que una democracia no puede aceptar que la jefatura del Estado se transmita por sangre. Ningún expediente académico, ningún uniforme militar y ninguna fotografía universitaria pueden corregir esa anomalía. La monarquía intenta humanizarse porque no puede democratizarse; necesita representar cercanía, porque sabe que su fundamento es profundamente lejano al principio de soberanía popular. Además, el privilegio educativo de las élites no es una excepción dentro del capitalismo, sino una de sus reglas de reproducción. Las clases dominantes convierten sus ventajas materiales en méritos aparentes: mejores colegios, contactos, tranquilidad económica, redes familiares, capital cultural y protección mediática. Después, cuando sus hijos ocupan los puestos de mando, se nos dice que han llegado por esfuerzo. Esa ficción sirve para culpabilizar a quienes no ascienden y para ocultar que la sociedad está organizada de arriba abajo en función de la propiedad, la herencia y la subordinación de la mayoría trabajadora. En ese sentido, la monarquía española representa una forma especialmente visible de esa reproducción de clase. Mientras a la juventud popular se le exige excelencia, idiomas, másteres, movilidad, prácticas mal pagadas y disponibilidad absoluta, a la heredera se le reserva el destino desde la cuna. El hijo del obrero debe demostrarlo todo; la hija del rey solo debe representar bien el papel asignado. Esa diferencia resume con brutal claridad la división de clases: unos venden su fuerza de trabajo para sobrevivir, otros reciben instituciones enteras para garantizar su continuidad. Por otra parte, no se puede separar esta operación universitaria de la historia española de la educación. Cada avance hacia una enseñanza pública, laica y popular ha encontrado enfrente a las mismas fuerzas: trono, altar, oligarquía y reacción. La educación ha sido siempre un campo de batalla porque quien controla la escuela controla, en buena medida, la conciencia social. Una enseñanza emancipadora forma ciudadanos capaces de discutir el poder; una enseñanza sometida fabrica súbditos, creyentes obedientes y trabajadores resignados. Por eso la derecha histórica y la Iglesia han combatido con tanta ferocidad cualquier proyecto educativo verdaderamente democrático. La Segunda República comprendió esa cuestión con una claridad que todavía incomoda a los herederos del franquismo sociológico. Crear escuelas, formar maestros, abrir bibliotecas y llevar cultura a los pueblos no era un gesto ornamental: era una política de clase. Significaba arrebatar a la ignorancia, al caciquismo y al clericalismo el monopolio sobre las conciencias populares. Frente a ello, el golpe fascista respondió con la violencia propia de quien defiende privilegios amenazados: depuración de maestros, cierre de escuelas, persecución del pensamiento crítico y restauración de una moral autoritaria al servicio de los vencedores. De ahí, que el debate sobre Leonor en la universidad, no sea una anécdota de prensa rosa, sino un síntoma de régimen. La monarquía parlamentaria nacida de la Transición, conserva demasiadas continuidades con el bloque histórico que derrotó a la República. Cambió el lenguaje, se adaptaron los símbolos y se maquillaron las formas, pero el fondo permaneció: una estructura política diseñada para limitar la soberanía popular y garantizar la estabilidad de las clases dominantes. El rey ya no gobierna como antes, pero sigue cumpliendo una función ideológica esencial: representar la permanencia del orden. Frente a esa permanencia, el republicanismo no debe reducirse a una preferencia estética por otra bandera o por otra ceremonia institucional. Una república digna de tal nombre debe ser social, laica, popular y orientada a la emancipación de la clase trabajadora. No basta con sustituir una corona por una presidencia si permanecen intactos los privilegios económicos, mediáticos y educativos que sostienen la desigualdad. La república, desde un enfoque marxista-leninista, solo tiene sentido si se vincula a la democratización real del poder: quién manda, quién posee, quién estudia, quién trabaja y quién decide. Por consiguiente, la universidad pública no puede prestarse a ser escaparate de una institución hereditaria. Su tarea debería ser la contraria: formar pensamiento crítico contra toda forma de dominación. Si acepta sin conflicto el papel de escenario cortesano, pierde parte de su autoridad moral ante quienes la sostienen con impuestos, esfuerzo y precariedad. La presencia de una princesa en sus aulas no la democratiza; más bien revela hasta qué punto las instituciones del Estado se ordenan alrededor de una familia situada por encima del común. Esa normalización es precisamente lo que debe ser discutido. Finalmente, la pregunta decisiva, no es si Leonor aprobará sus asignaturas, sino cuántos jóvenes quedan fuera de la universidad por razones económicas, cuántos abandonan por tener que trabajar, cuántos docentes investigan en condiciones precarias y cuántas familias pagan con angustia el derecho a estudiar. Ahí está el verdadero retrato del país. Mientras una heredera convierte su matrícula en espectáculo nacional, la mayoría social sostiene con su trabajo un sistema que la invita a competir en desventaja. La república que necesitamos no vendrá de los palacios ni de sus álbumes fotográficos; vendrá de una conciencia organizada, de una escuela pública fuerte y de una clase trabajadora dispuesta a dejar de pedir permiso.