El mercado de fichajes judicial está que arde

La presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló junto al rey Felipe VI durante el tradicional acto de apertura del año judicial celebrado en 2025 en el Tribunal Supremo en Madrid. / Chema Moya / EFE Desde que el gobierno ha hecho suya la idea de que hay 'lawfare' y que oposición política y cúpula judicial son una misma cosa se presta más atención al perfil de los jueces que al mercado de fichajes futbolístico. La Audiencia Nacional ha propuesto siete magistrados para tres plazas en el Supremo. Es el paso previo a una designación en la que las asociaciones judiciales pactan en una especie de 'turnismo' judicial. Entre los candidatos la comisión de calificación señalará a tres como primus inter pares pero es seguro es que el PSOE defenderá a De Prada, clave en la condena de la Gürtel y el PP a Velasco y Enrique López, ex altos cargos en la Comunidad valenciana y Madrid respectivamente. Quienes sean finalmente los elegidos no es cosa menor dado que los magistrados recalarán en la sala del Supremo que lleva asuntos penales. Los casos de corrupción en curso hacen que los que vayan a ocupar esas plazas vayan a ser escaneados en detalle. Isabel Perelló llegó a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avalada por el gobierno, pero la ofensiva de este contra la independencia judicial la ha obligado a poner pie en pared una vez tras otra. Perelló y Carlos H. Preciado en más de una ocasión han desertado de su inicial adscripción al bloque progresista para apoyar tesis del bloque conservador así que las designaciones son una incógnita. Es obvio que para llegar al Supremo es mejor tener buenos padrinos, en Génova o Ferraz, que una dilatada trayectoria judicial. El gobierno sigue la estela de Trump y pretende un sometimiento genuflexo de la judicatura. Todo lo que no sean nombramientos estilo Conde Pumpido será considerado desde La Moncloa un brote de ultraderechismo judicial. Desde la oposición hoy se pide una independencia que luego, una vez se instalen en el gobierno, no verán tan necesaria. La invasión y preponderancia del poder ejecutivo sobre el judicial es una debilidad del sistema que nos hace a todos más vulnerables frente al poder político.