Todo niño o niña, al nacer, irradia esperanza. En sus padres y allegados despierta la ilusión de una vida plena, segura y feliz. Sin embargo, al avanzar por los caminos de la existencia, demasiados se ven atrapados en un torbellino de miedos, privaciones, incertidumbres y desilusiones. ¿Por qué ocurre esta fractura entre promesa inicial y realidad que golpea? La respuesta, aunque múltiple y compleja, tiene rostro dominante: la inseguridad.
Inseguridad frente a los derechos humanos, frente al entorno, frente al futuro. Y una de sus expresiones más devastadoras es la inseguridad alimentaria.
El Informe Global sobre Crisis Alimentaria (GRFC) 2026 confirma el fracaso del quimérico ODS 'Hambre 0'. Las cifras aumentan. En nuestro país, 2,6 millones de personas, es decir 1 de cada 6 ciudadanos, viven en inseguridad alimentaria fase 3. No por falta de productos, sino por barreras que impiden acceder a ellos: deterioro del poder adquisitivo, incrementos constantes en la canasta familiar, analfabetismo alimentario, políticas y prácticas empresariales divorciadas del bienestar social, conflictos recurrentes y violencia bloqueando la distribución.
Frente a esta realidad, no basta la indignación. Se requiere estrategias concretas y sostenidas. Facilitar el acceso a los productos alimenticios mediante subsidios focalizados, mercados comunitarios y redes de abastecimiento seguras. Instaurar una campaña educativa permanente que enseñe a preferir alimentos sanos, nutritivos y culturalmente adecuados. Restablecer los procesos de atención médica preventiva y de primer nivel, porque la salud y la alimentación son inseparables.
Es indispensable capacitar a productores en la reducción eficiente de costos, promover tecnologías apropiadas y fortalecer la economía rural. Asimismo, urge controlar la exageración en los porcentajes de utilidad, evitando abusos que convierten la comida en un lujo. Y, por supuesto, contrastar mejores salarios con mejores niveles de productividad, para que el acceso a la alimentación no dependa de milagros sino de justicia laboral.
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