Impuestos al consumidor

El postulado central del actual régimen se basa en la separación del poder político y el poder económico, con lo que el Estado ejerce su papel como rector de la economía y árbitro social, en lugar de ser un 'facilitador' de los negocios privados. Un postulado en constante tensión cuando las libertades individuales y colectivas están de por medio; tensión, y en ocasiones contradicción entre el Estado y el mercado, que impacta todos los ámbitos de la vida personal y social. En los pasados meses, esta tensión se mostró (y aún persiste), por ejemplo, en la regulación de medios de comunicación con los nuevos Lineamientos para Garantizar los Derechos de las Audiencias y los lineamientos del INE para el monitoreo de contenidos de medios de comunicación en precampañas y campañas durante el proceso electoral 2026-2027. Con ellos, de por medio, derechos fundamentales en juego: libertad de expresión, derecho a la información y sus vertientes, tanto de consumidores de contenidos como de los productores y difusores-distribuidores. Ahora, lo anterior lo podemos considerar desde la intervención del Estado en sus propuestas externadas para el Paquete Fiscal 2027, que se conocerá en los próximos días y definirá en el Congreso de la Unión. De manera específica están los 'ajustes', ¿eufemismo de incrementos? Los impuestos son la vía más importante para financiar lo público, y si el Estado, con sus gobiernos en turno, no cuenta con los recursos necesarios y suficientes para el ejercicio de sus funciones sustantivas, buscará de dónde obtenerlos: nuevos impuestos, ajuste a los existentes, cobro por servicios y derechos, o pedir prestado (deuda). En los pasados años no se han creado nuevos impuestos, pero sí se han ajustado al alza, en específico el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Se identifica qué se consume más y sobre ello va el ajuste, incluso incorporando al gravamen consumos que estaban exentos, como el alimento a las mascotas, el comercio, bebidas light, sueros y consumo a través de plataformas digitales. Con argumentos pro-salud pública, los más impactados son el tabaco, las bebidas azucaradas (refrescos), bebidas alcohólicas. Ahora se plantea que, para 2027, se incrementen los gravámenes a productos con alto contenido de sodio (sal), como frituras, salsas y embutidos, utilizando el mismo argumento pro-salud. Que el alto consumo de sal y azúcares es dañino para la salud, y que los productores los incriminan por ser potencializadores de adicción, está más que confirmado. Sin embargo, la duda que contradice el postulado central del actual régimen y que se debería responder es: ¿Por qué gravar el bolsillo del consumidor y no al productor (poder económico)? ¿Por qué no los regula?, ¿por qué descarga la responsabilidad al consumidor y no al productor de productos con altos contenidos de sodio y azúcar? Entonces, el poder económico se impone sobre el poder político y el Estado.