Treinta días no bastan para juzgar un gobierno, pero sí para reconocer su rumbo, sus aciertos y sus vacíos. Keiko Fujimori inició su mandato con prudencia, un gabinete político encabezado por Luis Galarreta y un discurso que ofreció orden, inversión, seguridad y respeto al plazo constitucional. Su aprobación inicial de 52,6 % demuestra que conserva un importante crédito ciudadano, aunque el país sigue profundamente dividido.
Debe reconocerse su presencia frente al terremoto de Junín, las inundaciones en Lima Sur y los huaicos de Arequipa. También son positivas la activación de mecanismos de prevención ante El Niño, la atención al desabastecimiento de combustibles y la voluntad de destrabar inversiones y obras públicas. El país necesitaba recuperar autoridad, capacidad de reacción y confianza empresarial.
Sin embargo, predominan todavía los anuncios sobre los resultados. El aumento del salario mínimo carece de cronograma; la mejora de Pensión 65 fue postergada; y el pedido de facultades legislativas comenzó con improvisaciones y rectificaciones. En seguridad, la tecnología, los nuevos penales y el respaldo operativo a la Policía pueden ser necesarios, pero son insuficientes mientras la extorsión y el sicariato continúen golpeando diariamente a transportistas, comerciantes y familias.
El vacío más grave es la lucha contra la corrupción. No basta con simplificar trámites ni proclamar transparencia. La delincuencia organizada prospera porque compra policías, fiscales, jueces y funcionarios. Si esas redes permanecen intactas, cualquier plan de seguridad terminará debilitado desde dentro. Resulta revelador que el 52 % de los encuestados dude de que el gobierno pueda combatir eficazmente la corrupción.
Por eso insisto en crear el Consejo Nacional de Moral Pública, autónomo, ejecutivo y legitimado por el voto ciudadano, para depurar con mano de hierro la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Sin limpieza institucional no habrá autoridad verdadera ni paz duradera.
Keiko enfrenta, además, una responsabilidad histórica: reconciliar al Perú. Ganó por un margen estrechísimo y no puede gobernar solamente para quienes votaron por ella. Su promesa de diálogo debe convertirse en gestos concretos hacia el sur, la oposición democrática y quienes desconfían del apellido Fujimori. Reconciliar no significa impunidad ni olvido; significa verdad, justicia, respeto y propósito común.
En economía, el subsidio temporal al diésel alivió una emergencia social, pero debe ser focalizado, fiscalmente responsable y acompañado por medidas que impidan trasladar permanentemente sus costos a todos los contribuyentes del país.
El balance es, pues, expectante, pero incompleto. Hay iniciativa y señales razonables; faltan ejecución, firmeza moral y puentes nacionales. El reloj ha comenzado a correr.
(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz
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