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Juan Pablo Polvorinos

El país al que Sánchez nunca exige explicaciones

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Siempre está dispuesto a codearse con quien haga falta para llegar el primero al photocall de la indignación. Lo hemos visto con Ucrania, con Gaza, con la inmigración en Estados Unidos y, en definitiva, con cualquier causa que rinda dividendos en la foto y en la encuesta. Es un reflejo casi pavloviano, adquirido tras 8 años gobernando más para la opinión publicada que para la opinión pública. Por eso resulta tan revelador comprobar qué ocurre con Pedro Sánchez cuando el verdugo no encaja en el guion preestablecido. Si la instrumentalización que ha hecho Marruecos con una parte de sus ciudadanos en Ceuta hubiera tenido detrás a Netanyahu, Trump o cualquier otro villano del manual progresista, España andaría anegada de lecciones morales sobre cómo ubicarse en el lado correcto de la historia. Pero aquí el responsable es Marruecos, socio 'leal y confiable', en palabras de este Gobierno, y por eso la maquinaria de la indignación pública se apaga como por ensalmo. No hay condena, no hay comparecencia que la albergue, no hay ministro dispuesto a estropear una relación bilateral llevada con un exceso de escrúpulos. No hay, en fin, nadie que coja el altavoz de la indignación para utilizarlo en la plaza pública internacional. Pedro Sánchez, saluda al rey Mohamed VI, durante su encuentro mantenido en Rabat en 2024. FE/Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa La discordancia reside en un Gobierno que ha convertido la memoria histórica y los derechos humanos en su marca registrada, pero que guarda, ante 141 muertos, un silencio clamoroso por miedo a una nación que ha dirigido una invasión de nuestra soberanía. No se tiene noticia de una sola denuncia ante Naciones Unidas, tampoco de una petición de investigación independiente, ni siquiera se ha informado sobre la cortesía protocolaria de convocar a la embajadora marroquí, que —estas cosas solo pasan en España— se hallaba de vacaciones cuando estalló la tragedia, lo que obligó a conformarse con el encargado de negocios. Hasta ahí los reproches. Conviene recordar, para calibrar el doble rasero, que aquí retirar a un embajador exige un motivo de peso: no ciento cuarenta y un cadáveres, sino un exabrupto de Javier Milei sobre la esposa de Pedro Sánchez. Esa sí que fue una afrenta que no podía quedar sin respuesta contundente. En cambio, la vida de un puñado de africanos no altera el pulso de la Moncloa. Miles de inmigrantes acceden al territorio español a nado desde Marruecos EFE/Reduan Dris La explicación de esta asimetría moral no es ningún misterio: en el mejor de los casos, Marruecos controla el grifo migratorio y España necesita ese control más de lo que necesita ser coherente. En el peor de los supuestos, Sánchez tiene una deuda oculta con Marruecos que desconoce la opinión pública española. Nadie se explica, varios años más tarde, la 'nueva etapa' que Sánchez proclamó tras el giro sobre el Sáhara Occidental, un viraje de ciento ochenta grados en la política exterior española que se decidió sin debate parlamentario, sin explicación pública y, por supuesto, sin que mediara ninguna de esas comparecencias urgentes que sí se reservan para causas más rentables electoralmente. Este Gobierno ha demostrado que se puede sostener la pancarta de la indignación, legislar sobre memoria democrática y pronunciar duros discursos incriminatorios sobre derechos humanos y solidaridad en foros internacionales, pero que, cuando la responsabilidad apunta a un socio estratégico, se adopta una posición sumisa y la coherencia moral se disipa tan rápido como lo hace una bocanada de humo en una tempestad. Lo que merecerían esos 141 nombres —o los que sean, porque ni siquiera hay cifra oficial indiscutida— es que la verdad no se subordine a la conveniencia geopolítica. Lo que merecerían las víctimas es que sus vidas no valgan menos según quién las mate. Mientras eso no ocurra, cualquier discurso sobre dignidad y derechos humanos que salga de la Moncloa sonará, inevitablemente, a hueco.
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