El expresidente de la minería ilegal

No es reciente, como se ha difundido, que la minería ilegal haya logrado que sus intereses sean de una u otra forma 'canalizados', por ejemplo vía el anterior Congreso. El asunto tiene años de avance. Un exministro del Interior advertía al respecto —hace un par de años— a los parlamentarios del momento: 'La violencia criminal estalló en Ecuador porque su clase política fue cómplice y funcional a las economías ilegales. Ahora son ellos, con sus sicarios, los que ponen las reglas de juego. Justo ahora, ¿no está pasando exactamente lo mismo en el Perú? No jueguen con fuego'. Había acierto en la advertencia, pero incompleta. La infiltración en el impopular y heterogéneo Congreso —al que se suele culpar de casi todos los males nacionales— es solo un capítulo más de la historia evolutiva y del alcance subterráneo de las diversas organizaciones delictivas en el país. En ese sentido, no debió obviarse una instancia mayor: el Poder Ejecutivo. Cierto es que la infiltración mafiosa progresiva del Estado peruano (aunque aún a nivel menor de lo que se ve en el narcoestado mexicano o en el boliviano consolidado con Evo Morales) se ha dado durante distintas presidencias en las últimas cinco décadas. Pero fue a partir del 28 de julio de 2021 que la cosa se agravó. Aquí aparece no solo quien fue el heredero político del senderismo reciclado —hoy con una sub‑bancada congresal—, sino quien podría catalogarse como el expresidente de la minería ilegal: Pedro Castillo. Con el desgobierno de Castillo —y Cerrón— se empoderaron múltiples fuerzas involucradas en toda la gama de actividades económicas delictivas en suelo peruano. 'El Gobierno de Castillo fue financiado por la minería ilegal y el narcotráfico; les importaba nada la actividad formal con tal de ganar el apoyo político mayoritario. Por eso no movieron un dedo para controlar la extracción ilegal de minerales, que ha ido en desmedro de las operaciones minerales formales', resaltaba a fines de 2022 Carlos Gálvez, exdirector de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El exministro del Interior R. Vargas afirmaba en setiembre del mismo año que Castillo había 'retirado a las FF.AA. de la lucha contra la minería ilegal en La Pampa (Madre de Dios) y Alto Nanay (Loreto)', decidiendo 'no prorrogar el estado de emergencia'; y que además el Gobierno tenía 'un acuerdo político con la coca ilegal'. Los nexos del castillismo —y el cerronismo— con sectores criminalizados y extremistas son innegables. Y se les vio en acción —incluso desde el VRAEM— cuando desataron la violencia con fines políticos luego de la expectoración del golpista expresidente, auspiciador además del Movadef de Sendero Luminoso. Retomando: ¿por qué es tan preocupante el negocio ilegal de minerales en Perú? Entre muchos factores o delitos conexos —como el mineterrorismo—, no solo por su alta carga contaminante, sino porque mueve más dinero (S/. 12 mil millones en 2025) que el tráfico de drogas (S/. 4.7 mil millones en 2025). Esta realidad está instalando la idea de que no es un narcoestado lo que amenaza al país, sino un Estado en el que la acaudalada minería ilegal —con el oro como protagonista— desplaza a los traficantes de drogas en su influjo político y social. Esto no es exacto. Como hemos anotado antes, las ya famosas 'economías ilegales' suelen trenzarse o superponerse. Así, la minería ilegal va siendo también penetrada por las redes de narcotráfico, ampliando sus fuentes de financiamiento. Eso ya está ocurriendo en suelo peruano —y ecuatoriano— de forma progresiva. Así que no son procesos distantes. Todas las actividades económicas no legales —como el trasiego de drogas, la extracción minera criminal, la tala de madera, el tráfico de tierras, la pesca ilegal, el contrabando, la trata de personas, etc.— van interactuando y relacionándose dependiendo del territorio donde se despliegan. Pueden usar inclusive las mismas cadenas logísticas o de suministro y de distribución ilegales, y hasta apuntar a introducirse al sistema para 'enganchar' a los mismos sectores, partidos o contactos políticos; corrompiendo a policías, militares y a la burocracia estatal (distrital, regional y capitalina) necesaria para consolidar espacios y 'dineros oscuros'. Y como ocurrió tras el autogolpe frustrado de Castillo, pueden reaccionar coordinadamente —y en venganza— con sectores extremistas para activar una ola de violencia criminal (hasta vía la subcontratación de delincuentes comunes), con serias repercusiones en el proceso político nacional. La minería ilegal no solo ha infiltrado entonces al Congreso y otras instituciones públicas en las regiones y la capital: también ayudó a colocar a un expresidente facilitador de las economías delictivas en su conjunto. Y si bien al Legislativo corresponde responsabilidad, no debe olvidarse que fueron quienes eligieron a Castillo en 2021 —ataviado de 'mal menor' en el Ejecutivo— los que avivaron un fuego supremo, subestimando todos los riesgos. *Miguel Lagos | Analista político Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.