Cuando la Guardia Civil no sirve a España, sino a Marlaska y a Sánchez

El enrocamiento del Gobierno en la defensa de la inocencia de Marruecos en la invasión de Ceuta ha forzado al Ejecutivo a aplicarse a una sistemática labor de encubrimiento. En lugar de tratar de esclarecer los hechos en cumplimiento de los deberes para con la seguridad nacional, el Ministerio del Interior está volcando sus esfuerzos en obstaculizar la investigación judicial destinada a determinar lo ocurrido realmente en la frontera. La divulgación por parte de EL ESPAÑOL de las conclusiones del informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), encargado por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, desnudó el relato oficial sobre el asalto masivo. El atestado policial, compuesto por 55 páginas y respaldado por decenas de fotografías, concluyó que la entrada masiva no respondió a un fenómeno migratorio espontáneo. Se trató de una operación planificada en la que existió un "guiado activo" y una monitorización sobre el terreno por parte de gendarmes marroquíes, tanto uniformados como vestidos de paisano, que utilizaron la coartada inmigratoria como tapadera para desestabilizar Ante la contundencia de las pruebas aportadas por la Policía Nacional, el Ministerio del Interior reaccionó desplegando una campaña para restar validez probatoria al documento y torpedear la instrucción. Los movimientos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se han producido en múltiples frentes. Primero, forzando a la cúpula de la Policía a emitir pronunciamientos para negar que el informe atribuyera una autoría intelectual a Rabat. Y, después, trasladando una queja al Consejo General del Poder Judicial para censurar que la magistrada ordenara reserva a los investigadores. Una pretensión que fue tajantemente frenada por la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló. A ello se le añade un nuevo elemento: la instrumentalización del informe paralelo encargado por Tardón a la Guardia Civil. Las circunstancias de la elaboración de este documento contrastan frontalmente con el rigor mostrado por el CENIF. Frente al exhaustivo análisis policial, el escrito firmado por la Jefatura de Información del Instituto Armado apenas consta de cinco folios carentes de sustancia y totalmente alineados con las tesis de Moncloa. El documento fue asumido por el general de división Antonio Peláez Piñeiro. Un mando de la máxima confianza del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, imputado en el caso Leire y mantenido en su puesto por el propio Marlaska. Según revela hoy EL ESPAÑOL, la vacuidad de este segundo informe no ha sido fortuita. El general Peláez ordenó expresamente a los agentes de la Unidad Central Especial 3 (UCE-3) excluir cualquier referencia al papel de Marruecos. La indicación se produjo tras publicarse el atestado de la Policía, y después de que Peláez se reuniera con el DAO en la Dirección General para recibir directrices políticas. Los trabajos previos, que contemplaban el análisis de la implicación del país vecino, fueron eliminados antes de enviar el texto definitivo a la Audiencia Nacional. La Guardia Civil dispone de datos e imágenes captadas por sus propios sistemas fronterizos que acreditan la presencia de agentes marroquíes entre la masa que cruzó a la ciudad autónoma. El cuerpo sabe perfectamente lo que ocurrió en Ceuta en los días 30 y 31 de julio. Es el Ministerio del Interior el que está ocultando deliberadamente información crucial a la Justicia para evitar un conflicto diplomático con Rabat. ¿Por qué Marlaska vuelve a infligir un daño tan profundo a la imagen del instituto armado al evitar enfrentarse a la verdad sobre Ceuta? ¿Hasta cuándo el servilismo de unos pocos va a seguir erosionando el prestigio de la Guardia Civil?