Dios proveerá... ¿y el Estado cuándo?

La cosecha no se secó ayer; se viene secando desde hace décadas en las decisiones de quienes diseñan el presupuesto nacional. En las aldeas del Corredor Seco hondureño, la sequía dejó de ser un fenómeno excepcional para convertirse en una condición de permanente vulnerabilidad. Sin embargo, lo más preocupante es que cuando una emergencia se repite durante años sin que el Estado cambie sustancialmente su respuesta, deja de ser solo un problema climático y se convierte en un fracaso de política pública. Cada ciclo agrícola reproduce la misma incertidumbre, con familias campesinas que siembran maíz y frijol sin garantía de agua, asistencia técnica o infraestructura que les permita enfrentar un período prolongado de escasez. Sobre todo, cuando la pérdida de las cosechas en el campo no se traduce únicamente en números para una estadística macroeconómica, sino que también implica, de manera directa y visceral, falta de comida en la mesa, pobreza, inseguridad alimentaria y migración. Para algunas personas resulta demasiado cómodo explicar esta tragedia únicamente por el cambio climático o por la llegada de El Niño. El clima cambia y se intensifica cada vez más, sin duda; pero la vulnerabilidad no la decreta la naturaleza, sino que la fabrica la indiferencia estatal. Culpar al cielo por las cosechas perdidas es el escondite favorito de una clase política que prefiere entregar transferencias condicionadas antes que construir infraestructura hídrica o financiar investigación agrícola adaptada al estrés térmico. La seguridad alimentaria tampoco puede excluirse del debate nacional y seguir tratándose como un asunto exclusivamente de 'los del campo', porque lo que ocurre en el Corredor Seco termina en los mercados, en el precio de los alimentos y en los hogares de todo el país. Esta crisis social no puede abordarse únicamente desde los despachos con aire acondicionado de Tegucigalpa, porque un Estado que depende de granos importados mientras una parte de sus productores pierde sus cosechas está frente a una contradicción que no puede resolver con discursos vacíos de soberanía nacional. La respuesta más sostenible exige dejar de administrar la sequía como una emergencia pasajera y comenzar a tratarla como un problema estructural. Se necesita justicia hídrica, reconversión de suelos, protección de cuencas frente a la voracidad extractivista y un presupuesto estatal que priorice la soberanía alimentaria sobre la burocracia inútil. La tierra hondureña no está condenada a dejar de producir, lo que está agotándose es la paciencia de un país que lleva décadas tratando como sorpresa una crisis que ya conoce de memoria. Y cuando la última milpa se seque del todo, el costo no se pagará en lempiras, sino en la dignidad castrada de un pueblo al que le robaron hasta el derecho de alimentarse