El aumento de la presión fiscal en España incesante

La Comisión Europea ha señalado que España ha sido el Estado miembro de la Unión que más ha aumentado la presión fiscal en la última década, con un incremento de 2,9 puntos porcentuales del PIB entre los períodos 2015-2019 y 2020-2024, una evolución impulsada casi en su totalidad por el aumento de la recaudación derivada de los impuestos sobre el trabajo. En este Informe anual sobre Fiscalidad 2026 expone que España lidera el aumento de la recaudación en relación son el tamaño de nuestra economía. Este aumento de recaudación y de la presión fiscal procede casi por completo del aumento de los ingresos procedentes de la tributación del trabajo, mientras que los impuestos sobre el capital se han mantenido y los impuestos sobre el consumo han retrocedido. España es el único país de la Unión que mantiene el Impuesto sobre el Patrimonio, mientras que la presión fiscal se acerca a la eurozona: 38,4% prevista para 2027 frente al 40,6% de la eurozona. El Informe 'Competitividad Fiscal 2025' del Instituto de Estudios Económicos (IEE) señala que España ha perdido competitividad fiscal y se sitúa entre los países con peor diseño tributario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ocupar el puesto 34 de un total de 38 en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025, lo que supone un descenso de cinco posiciones respecto de 2018 y la sitúa 11,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. España obtiene una puntuación de 57,9 sobre 100, situándose 11,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y 12,2 puntos por debajo de la media de la OCDE. España soportaría una presión fiscal casi un 17% superior a la media de la Unión Europea y un 18% por encima de la media de la OCDE. La recaudación aumentó en 2,3 puntos del PIB entre 2018 y 2024, mientras que la media europea descendió en 0,6 puntos. En cuanto al esfuerzo fiscal, aquel estudio señala que la carga tributaria soportada por los contribuyentes españoles es un 14,1% superior a la media de la Unión Europea cuando se pone en relación con su capacidad económica. El Instituto de Estudios Económicos sostiene que las empresas españolas soportan una carga fiscal superior dado que aportan en 2024 el 33,9% de la recaudación total en España, frente al 26% de la media comunitaria. Además, la presión fiscal empresarial equivalió al 12,5% del PIB, frente al 10,3% de la Unión Europea. Entre 2018 y 2024 esta carga aumentó cinco veces más que en el conjunto europeo, con un incremento de 1,5 puntos frente a los 0,3 puntos registrados en la UE, con el endurecimiento de la fiscalidad empresarial. El Informe mensual de recaudación de mayo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria señala que los ingresos tributarios sumaron un total de 16.448 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 10,4% respecto del mismo mes del año 2025. Mientras que el crecimiento de los ingresos acumulados desde enero a mayo fue del 10,6%. En lo que va del año los ingresos en términos homogéneos crecieron un 9,4%. En mayo los ingresos por retenciones del trabajo y actividades económicas continuaron creciendo, las retenciones de trabajo y actividades económicas crecieron en mayo un 7,7% y acumulan un aumento del 9,7' en lo que va del año 2026. Mientras que las retenciones de capital mobiliario aumentaron en mayo un 2,8%. Por su parte, los pagos de enero a mayo por el impuesto sobre sociedades aumentaron un 13% y los ingresos brutos en mayo por IVA crecieron un 8,3%. Unos ingresos que sirven para compensar inmediatamente el aumento del gasto público. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señaló en su informe del pasado día 16 de julio que España incumplirá la regla de gasto nacional y la regla de gasto comunitaria al incrementarse el gasto público primario de las Administración Pública en un 6,4% en 2026, frente a lo pactado en el plan estructural fiscal de Bruselas y que prevé un incremento del 3,5%. Para cumplir con este límite sería necesario un ajuste fiscal equivalente del 0,6% del PIB, unos 10.000 millones de euros, un ajuste que no se realizará por razones políticas y electorales. Mientras la luz se incrementó un 16% en junio y el gas en un 12% tras el fin de la rebaja fiscal. Por tanto, mientras los ingresos tributarios sigan creciendo un 10% anualmente, el Estado puede seguir gastando con medidas populistas sin realizar las reformas que necesita la economía española. Al propio tiempo que la ciudadanía se encuentra entregada a sus quehaceres particulares sin tener una actitud reivindicativa que intente mejorar realmente sus condiciones de vida y de las futuras generaciones.