Promesa de ultraperificidad

Pedro Sánchez ha decidido convertir Ceuta y Melilla en regiones ultraperiféricas. Lo anunció en el Congreso como si comunicara una gestión que solo requiere rellenar una solicitud en Bruselas. Y dijo que ese estatuto «creo que conlleva numerosas ventajas». El «creo» no resulta especialmente tranquilizador en boca de alguien que propone modificar los tratados europeos para resolver la mayor crisis sufrida por Ceuta en su historia reciente. La primera dificultad de la ocurrencia sanchista es evidente: Ceuta y Melilla no son regiones, sino ciudades autónomas españolas situadas en el norte de África. Es verdad que la expresión «región ultraperiférica» no describe necesariamente una categoría administrativa interna, sino un estatuto jurídico europeo. Pero tampoco basta con encontrarse fuera del continente para obtenerlo. La ultraperiferia responde a la combinación permanente de distintos factores: gran lejanía de Europa, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de unos pocos productos. Así lo establece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Canarias, Azores y Madeira están a más de mil kilómetros del continente europeo. Los territorios franceses incluidos en el sistema se encuentran en el Caribe, Sudamérica o el Índico. Ceuta está a solo catorce kilómetros de Andalucía y Melilla, a poco más de un centenar de la costa peninsular. Padecen problemas graves derivados de su reducida superficie, su condición fronteriza, la presión migratoria y la presión marroquí. Pero esos problemas no las convierten en territorios ultraperiféricos. No lo son: son dos ciudades con unas circunstancias excepcionales que merecen respuestas específicas. El régimen de las RUP no nació como una bolsa de ventajas fiscales a la que puede añadirse cualquier territorio con dificultades. Es el resultado de un largo proceso de adaptación de las políticas comunitarias. Cuando España ingresó en la Comunidad Europea en 1986, Canarias quedó fuera del territorio aduanero, de la política agrícola común y del IVA. Aquel encaje se modificó en 1991, cuando las islas se incorporaron a la unión aduanera y comenzaron a desarrollarse programas específicos para compensar los sobrecostes de la lejanía y la insularidad. El Tratado de Ámsterdam reconoció después jurídicamente la ultraperiferia y el Tratado de Lisboa la consagró en el actual artículo 349. Ceuta y Melilla ya disponen de otro encaje excepcional: son parte de la Unión, pero están fuera de su territorio aduanero y del ámbito del IVA comunitario. Aplican el IPSI, cuentan con importantes bonificaciones fiscales y mantienen particularidades comerciales concebidas para su situación geográfica. Incorporarlas a la unión aduanera, otra de las promesas de Sánchez, es jurídicamente viable, porque el Tratado de Adhesión de España contempla esa opción. Pero exige una propuesta de la Comisión, el acuerdo unánime de los Estados miembros y un estudio serio de sus consecuencias sobre los precios, el comercio y el régimen fiscal de las dos ciudades. Mucho más complicada es la conversión de Ceuta y Melilla en regiones ultraperiféricas. Las nueve RUP aparecen expresamente enumeradas en los tratados. Para añadir Ceuta y Melilla habría que reformarlos mediante un procedimiento que requiere el acuerdo de los 27 Estados miembros y la ratificación de todos los países. No es imposible, pero tampoco es una decisión que Bruselas pueda adoptar porque Sánchez lo pida. Proponerlo abriría una negociación extraordinariamente compleja, de resultado incierto y prolongada durante años. Y esa es la desfachatez de la propuesta. Después de una avalancha que desbordó Ceuta, provocó decenas de muertes, dejó a cientos de menores bajo tutela de una ciudad sin recursos suficientes y volvió a mostrar la capacidad de Marruecos para utilizar la inmigración como instrumento de presión, el presidente ofrece a los ceutíes una reforma futura de los tratados europeos. Responde a una emergencia presente con la promesa de iniciar una negociación interminable. El estatuto ultraperiférico no incorpora hoy un solo policía, no crea una plaza de acogida, no atiende a un menor, no esclarece lo sucedido ni obliga al resto de España a compartir inmediatamente la carga. Tampoco sustituye la investigación sobre la organización del asalto, la actuación de Marruecos y los supuestos fallos de los servicios españoles de inteligencia. Lo que Ceuta y Melilla necesitan ahora son más medios humanos y económicos, una presencia efectiva del Estado, más seguridad, transparencia y la solidaridad real de España y sus comunidades autónomas. Cuando Ceuta pide ayuda, anunciar que algún día se reformarán los tratados europeos es una manera sofisticada de no comprometerse a nada.