Sin duda alguna una de las políticas más relevantes para el crecimiento a largo plazo de la economía de una región es la atracción de capital exterior que permita materializar las inversiones que el capital nativo no puede procurar. La entrada de capital internacional ayuda, además, a atraer empleo cualificado, contagiarnos con tecnología y alterar la productividad regional.
Lo cierto es que en los últimos años el flujo de capital hacia Andalucía ha crecido. En 2016, la comunidad apenas captaba 461,5 millones de euros, un 1,75% del total español. En 2025, la cifra marcó un máximo de 1.309,8 millones de euros, lo que sitúa la cuota sobre el conjunto del país en el 4,38%. Durante el tercer trimestre de 2025, por aportar un número ilustrativo, entraron más de 683 millones de euros en un solo tramo, aunque con un inicio de 2026 algo más pobre de lo esperado.
Sin embargo, no es correcto celebrar, sin más, este salto sin mirar el tablero completo. Y es que Andalucía arrastra la fricción propia de las zonas periféricas. El mercado español sufre una concentración severa, con Madrid captando entre el 50% y el 70% de la inversión exterior de forma sistemática. La razón principal descansa en el efecto sede, representada por la costumbre de las multinacionales de fijar su domicilio social en la capital, aunque, por ejemplo, las plantas fotovoltaicas o los centros de desarrollo operen en suelo andaluz.
A este efecto contable, que en realidad no mide la inversión real, y que sesgan las inversiones hacia determinados territorios, debe añadirse dos trabas adicionales. La primera, unos costes de transacción superiores por la distancia respecto a los centros financieros europeos y, la segunda, unos cuellos de botella en la graduación de perfiles técnicos avanzados.
Ante estas fuerzas de carácter centrípeto, desde Andalucía debemos actuar. Para ello existen cuatro tareas que son urgentes. La primera es dar certidumbre regulatoria y reducir trabas burocráticas mediante ventanillas únicas reales. En esto, debo reconocer, que el actual gobierno ha puesto esfuerzo. La segunda, concentrar la apuesta en sectores donde la ventaja andaluza ya existe es evidente, como energías renovables, agrotecnología e industria aeroespacial. La tercera consiste en orientar la oferta educativa hacia la demanda técnica de las empresas. Y la cuarta, lograr que el registro contable de las inversiones compute en el territorio donde ocurre la actividad productiva y no en los despachos corporativos.
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