Evros y Ceuta: misma estrategia, distinto estilo

A finales de febrero de 2020, cuando Europa todavía concebía el Covid-19 como una curiosidad remota, miles de personas empezaron a desplazarse hacia el noroeste de Turquía después de que Erdogan anunciara que su país dejaba de contener a los inmigrantes y refugiados que quisieran cruzar a Europa. Fue un proceso claramente organizado, en el que las autoridades turcas fletaron autobuses desde Estambul y otras ciudades turcas hasta el paso fronterizo que da acceso a la región griega de Evros. Sus propias fuerzas de seguridad participaron en el derribo de las barreras instaladas por Grecia. Ankara reconoció sin ambages que el objetivo de tal operación era obligar a la Unión Europea a cumplir su parte de la declaración de marzo de 2016, por la que Turquía se comprometía a contener los flujos a cambio de 6.000 millones de euros, la exención de visado para sus ciudadanos y avances en la unión aduanera. Muchas de las personas que llegaron a la frontera griega no venían de campos de refugiados, sino de sus propias casas. Eran personas ya instaladas en ciudades turcas, con alquileres, trabajos, pequeños negocios e hijos escolarizados. Con la promesa de la frontera abierta abandonaron esa vida asentada y se lanzaron a lo que resultó ser tierra de nadie. En el río Evros se toparon con una respuesta griega dura e inmediata que no escatimó en gases lacrimógenos, cañones de agua, despliegue del ejército y disparos que, según denuncias no confirmadas, causaron al menos dos muertes. Atenas anunció la suspensión temporal del procedimiento de asilo, una medida sin precedentes calificada como contraria al derecho internacional. Muchos de los que no pudieron cruzar acabaron hacinados en campamentos improvisados o reubicados en campos de refugiados, mientras en Europa la noticia se diluía, como el vaho en el cristal, a medida que se decretaban confinamientos y restricciones. Aquel episodio, como el de la propia Ceuta en 2021, el de la frontera bielorrusa con Polonia, Lituania y Letonia ese mismo año o el de Finlandia con Rusia a finales de 2023, responde a lo que se ha dado en llamar guerra híbrida: el uso de la migración como herramienta de presión sobre el país de destino. Pero la comparación entre las dos fronteras en los extremos del Mediterráneo resulta especialmente útil. Grecia y España son los dos países del sur de Europa que comparten frontera con un país autoritario, centralizado y con reivindicaciones territoriales sobre ellos, capaz de decidir por sí solo cuándo abrir o cerrar el grifo de la inmigración. En el caso turco, estas reivindicaciones son mucho más explícitas y de largo recorrido. No es extraño ver comparecer a Erdogan con un mapa a su espalda en el que figuran como aguas turcas buena parte del Egeo y de sus islas griegas, o incluso zonas del territorio continental. Otra diferencia fundamental es que la opinión pública griega es plenamente consciente del peligro que supone Turquía para su país, de sus frecuentes intromisiones en el espacio aéreo y de sus demostraciones militares a escasos kilómetros de suelo griego. De ahí, probablemente, que no se les cayeran los anillos al sacar los cañones de agua. En todo caso, la diferencia más relevante para lo que sigue reside en la explicitud de las demandas del país que controla el grifo. No se le puede negar a Erdogan una honestidad brutal, pues afirmó sin rodeos que abría la frontera para presionar a Europa. Marruecos, sin embargo, sigue sin declarar abiertamente, al menos a la opinión pública, su objetivo específico. Lo ha dejado entrever por boca de sus ministros, pero no lo ha dicho directamente. Todo aquí son deducciones y medias tintas. Ambos casos comparten, de todas formas, una misma arquitectura, en la que un país europeo confía a un tercero la gestión de los flujos que se aproximan a su frontera a cambio de dinero, concesiones y buenas relaciones. Sería, en esencia, la externalización de un servicio como hace una universidad que contrata a una empresa de limpieza para sus facultades. Carmen González-Enríquez, en un texto del Real Instituto Elcano, ha objetado con razón que en el caso español no cabe hablar de externalización, porque no hay una decisión de sacar fuera algo que podría hacerse dentro. España, al fin y al cabo, depende de Marruecos quiera o no, y no existe forma de controlar esa frontera sin su colaboración. Es cierto, pero precisamente de ahí la utilidad de entender la relación desde la óptica que ha desarrollado la economía sobre la externalización de servicios, pues de ella se deduce en qué condiciones funciona y qué ocurre cuando el proveedor es único. La externalización suele reportar ventajas en la medida en que permite obtener un servicio a menor coste que si se produjera internamente, gracias a la especialización de quien lo presta y a la presión a la baja de los precios que genera la competencia. Cuando la gestión de los flujos migratorios se deja en manos de otro país, sin embargo, el ahorro se consigue sobre todo a expensas de la "calidad" del servicio, es decir, las garantías y el trato dispensado a los inmigrantes. El país de destino se libra del coste reputacional, que queda convenientemente al otro lado. Pero la diferencia fundamental con la situación de mercado es que aquí no hay mercado. El tercer país tiene el monopolio de la provisión del servicio y, como todo monopolista, disfruta de una posición dominante que puede utilizar para renegociar el precio a conveniencia. El análisis económico, a partir del trabajo de Williamson, apunta a tres factores de los que depende el éxito de una externalización: la confianza entre las partes, la claridad de los términos del acuerdo y la posibilidad de real de cumplirlos. Los tres resultan mucho más fáciles de satisfacer cuando los socios comparten objetivos a largo plazo, pues a nadie le compensa romper hoy lo que va a necesitar mañana. Ni la relación entre Grecia y Turquía ni la de España y Marruecos cumplen suficientemente esos requisitos, aunque fracasan en puntos distintos. Con Turquía, los términos eran claros, pero falló la confianza en un trasfondo de intereses progresivamente divergentes. El chantaje tenía al menos la virtud de la transparencia. Con Marruecos, hay un problema de claridad en los términos del acuerdo y, aún más desconcertante, también en la amenaza. Ni siquiera cuando el proveedor deja de prestar el servicio sabemos con certeza qué factura pretende pasar. Es así al menos para la opinión pública, que desconoce el alcance de las concesiones que se exigen. En términos económicos, no tenemos delante ningún pliego de condiciones que aceptar o rechazar, y no está claro si es porque no existe o porque el Gobierno prefiere no enseñarlo. Nada de esto significa que exista una alternativa sencilla a la cooperación con Marruecos, pero que la dependencia sea inevitable no implica que haya que aceptarla en cualquier grado y condición. Reducirla pasa por intensificar la capacidad propia de control fronterizo y por trabajar con paciencia en los objetivos comunes a largo plazo, probablemente más coordinables que los de Grecia y Turquía. Pero, sobre todo, pasa por que la opinión pública sepa qué se está pidiendo y qué se está pagando, algo que compete tanto a Rabat como a Madrid. La soberanía, además de territorial, también es la de decidir, algo que no se puede hacer sobre lo que se desconoce. La estrategia que Erdogan desarrolló a la luz del día, con autobuses oficiales y lista de precios, se ejecuta en el Estrecho a la chita callando. Es cuestión de estilo, pero, aunque todavía no nos hayan dicho el precio, algunos estilos salen caros.