La soberanía no se administra entre amigos

Hace pocos días recorrí Punta Arenas y Puerto Natales, invitado por militantes del Partido Radical de Magallanes, herederos de una tradición republicana, laica y profundamente comprometida con la presencia del Estado en los territorios extremos. Participé en encuentros, charlas y entrevistas con medios locales, pero, sobre todo, tuve la oportunidad de escuchar a quienes habitan diariamente uno de los territorios más estratégicos de Chile. Allí confirmé algo que desde Santiago muchas veces se olvida: Magallanes no es la periferia del país. Es una puerta de Chile hacia el mundo y un territorio fundamental para nuestra proyección marítima, logística y antártica. En la región, la soberanía no es una consigna electoral ni una frase preparada para una conferencia de prensa. Es historia, identidad, presencia territorial y futuro. Por eso resulta tan preocupante la improvisación diplomática del gobierno del presidente José Antonio Kast frente a las sucesivas declaraciones provenientes de Argentina sobre el Estrecho de Magallanes. Primero fue el jefe de la Fuerza Aérea argentina hablando de soberanía sobre 'Magallanes, el sur y el Drake'. Después, la senadora Patricia Bullrich se refirió al supuesto 'control' argentino sobre el Estrecho. Más tarde, el canciller Pablo Quirno calificó a Argentina como un país 'bioceánico', expresión especialmente delicada a la luz del Protocolo Adicional y Aclaratorio de 1893, que establece que Argentina no puede pretender puntos hacia el Pacífico, así como Chile no puede hacerlo hacia el Atlántico. Las aclaraciones y disculpas posteriores pueden moderar el lenguaje, pero no borran el problema diplomático ni explican por qué distintas autoridades argentinas han incurrido, una tras otra, en afirmaciones que relativizan asuntos resueltos por tratados vigentes. Los antecedentes jurídicos son claros. El Tratado de Límites de 1881 dejó las costas del Estrecho en poder de Chile, aseguró la libre navegación para todas las banderas y estableció su neutralización a perpetuidad. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 reafirmó ese régimen y fijó el límite entre ambas soberanías en su acceso oriental. La libre navegación no significa soberanía compartida. La neutralización tampoco significa copropiedad. El Estrecho de Magallanes es chileno. Sin embargo, continúa vigente el Decreto argentino 457 de 2021. Su Directiva de Política de Defensa Nacional contiene una formulación sobre la 'exploración, estudio y control conjunto' del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces que Chile considera incompatible con los tratados y con su posición histórica. Argentina reconoció el problema y anunció que corregiría esa disposición. Pero la rectificación formal sigue pendiente. Por eso fue un error que el presidente Kast resolviera no exigir su derogación o reemplazo, argumentando que los tratados ya establecen claramente la soberanía chilena. Precisamente porque los tratados son claros, ninguna disposición administrativa extranjera incompatible con su contenido debería permanecer vigente. En diplomacia, las palabras importan, pero los documentos oficiales importan todavía más. Una declaración conjunta puede ser políticamente valiosa, pero no reemplaza la eliminación formal de un acto administrativo incorporado a la política de defensa de otro Estado. Declarar el asunto 'zanjado' sin obtener esa rectificación es confundir una salida comunicacional con una solución institucional. El Gobierno ha permitido que la cercanía ideológica entre José Antonio Kast y Javier Milei interfiera en la necesaria firmeza de nuestra política exterior. Ambos mandatarios pueden compartir foros, discursos y afinidades, pero los intereses permanentes de Chile nunca pueden quedar subordinados a amistades personales o coincidencias partidarias. Los gobiernos pasan. La República permanece. La contradicción resulta aún más evidente al recordar que, en 2023, el entonces candidato Kast calificó como débil la respuesta de la Cancillería chilena frente a una intromisión del presidente argentino y advirtió que esa debilidad podía representar una amenaza para la seguridad nacional. El candidato Kast exigía firmeza. El presidente Kast parece hoy más preocupado de no incomodar. Esa incoherencia no fortalece la relación bilateral. Por el contrario, transmite la peligrosa señal de que la intensidad con que Chile defiende sus posiciones podría depender de quién gobierne al otro lado de la cordillera. Defender nuestra soberanía tampoco significa convertir al pueblo argentino en enemigo. Chile y Argentina comparten una extensa frontera, familias, comercio, turismo, energía, cooperación antártica y numerosos desafíos comunes. Necesitamos una relación madura, estable y de largo plazo. Pero una amistad verdadera entre naciones no se construye escondiendo las diferencias. Se construye resolviéndolas con claridad, respeto y reciprocidad. Chile necesita una política austral permanente. Eso exige solicitar formalmente la derogación o reemplazo del Decreto 457; reactivar los mecanismos institucionales contemplados en el Tratado de Maipú; fortalecer nuestra presencia científica, logística, portuaria y naval; desarrollar una estrategia antártica de largo plazo; e incorporar efectivamente a las autoridades, universidades y comunidades de Magallanes en las decisiones sobre el futuro de la región. La soberanía no se protege únicamente mediante ejercicios militares, comunicados diplomáticos o visitas presidenciales. Se protege habitando el territorio, invirtiendo en conectividad, fortaleciendo la infraestructura pública y escuchando a quienes viven en las zonas extremas. Ese es también un asunto de justicia territorial. No podemos recordar a Magallanes solamente cuando surge una polémica internacional. La distancia geográfica con Santiago no puede transformarse también en distancia respecto de las decisiones estratégicas del Estado. Como exdiputado y expresidente de la Comisión de Gobierno Interior, aprendí que la autoridad se demuestra con decisiones y resultados, no solamente con declaraciones. La misma regla debe aplicarse a nuestra política exterior: anticiparse, defender los intereses nacionales y actuar con sentido de Estado. La soberanía, como la seguridad y la probidad, no se defiende con apariciones: se defiende con planificación, presencia permanente y resultados. Desde Punta Arenas y Puerto Natales se percibe claramente la distancia entre las certezas de sus habitantes y las vacilaciones de La Moneda. Los magallánicos saben que el territorio austral no se resguarda mediante fotografías entre presidentes ni comunicados ambiguos. El Estrecho de Magallanes no pertenece a un gobierno, a una coalición ni a una generación. Es parte indivisible del patrimonio histórico, territorial y estratégico de Chile. Nuestra relación con Argentina debe construirse desde la cooperación, pero también desde una certeza irrenunciable: ninguna afinidad ideológica ni amistad presidencial puede estar por encima de los intereses permanentes de la República. Porque la soberanía se defiende hoy, mañana y siempre. No solamente cuando conviene políticamente. No solamente durante una campaña. Y jamás dependiendo de quién sea el amigo que gobierna al otro lado de la frontera.