Ante una posible activación del artículo 102 de la CE

La situación en Ceuta se deteriora más cada día, tanto a nivel nacional como internacional. Lo que es consecuencia de la gestión de un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que parece estar a las órdenes del rey marroquí, mientras falta al respeto al Rey de España. Llegando al extremo de que en sus primeras declaraciones tras 27 días «eclipsado», se permitiera acusar a Felipe VI de no ir a Ceuta «en 20 años». Cuando es él precisamente quien se lo ha impedido en los últimos 8 años de los 12 de su ejercicio de la Jefatura del Estado. Mientras, a miles de los que invadieron Ceuta hace más de 1 mes y se niegan a regresar por donde vinieron, les prepara lugares de alojamiento en lugar de gestionar su inmediato retorno como procede. Subordinando también las demandas de los ceutíes y del resto de españoles a los deseos de ellos. Es decir, que la voluntad de Mohamed VI y los marroquíes que «de facto» invadieron España está por encima de Felipe VI y de los españoles. La última decisión adoptada por su «coalición progresista» la ha protagonizado el influencer de las redes Óscar Puente. Asumiendo el mando de la autoridad portuaria de Ceuta para habilitar allí alojamiento a mil marroquíes, contra la voluntad de los ceutíes y su gobierno local. Y contra la opinión de la Guardia Civil, que emitió un informe desfavorable a esa instalación, que sin duda puede facilitar su salida hacia la península, que ya se está produciendo de forma creciente. Así como contra la voluntad del Consejo de Administración de la autoridad portuaria, que por 11 votos contra 4 se ha opuesto a esa medida. En contra, han votado todos los grupos municipales, incluido el PSOE. Así como los representantes de la CEOE, la Cámara de Comercio y el presidente de la autoridad portuaria de Ceuta. Los únicos 4 votos favorables a esa decisión han sido los de la Abogacía del Estado, Puertos del Estado, la Delegación del Gobierno y, tristemente, la Capitanía Marítima. Esta gestión de la violación de la integridad territorial de España del 30 de julio está provocando ya un éxodo de familias ceutíes hacia la península. Lo que es una de las consecuencias más graves de las pretendidas por dicha «invasión híbrida». Modificando la población ceutí que está dispuesta a mantener que «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». La actuación del Gobierno ante esta indigna ocupación de una ciudad española va a pasar a la historia de España como una vergonzosa e indigna felonía «progresista». El artículo 102 de la Constitución se creía que no tuviera que activarse nunca. Pero ya es una dramática posibilidad.