Los gatos tienen ley y queremos que se cumpla

En Extremadura, las dos ciudades con mayor población, Badajoz y Cáceres, han acogido esta movilización que pone en evidencia una realidad demasiado habitual: buena parte del bienestar de los animales continúa descansando sobre el tiempo, el dinero y el esfuerzo de personas voluntarias. Hay manifestaciones que reclaman derechos nuevos, pero hoy no. Hoy reclamamos que se cumpla algo que ya hemos conseguido. Si ningún ciudadano está exento de cumplir la ley alegando desconocimiento, muchísimo menos debe permitirse a las administraciones públicas. Bajo el lema 'Los gatos tienen ley. Ahora toca cumplirla', personas gestoras de colonias felinas, asociaciones de protección animal y ciudadanía nos hemos movilizado simultáneamente. Más de 350 entidades se han adherido a una reivindicación que, en realidad, no debería ser necesaria. Porque la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, no dice que los ayuntamientos puedan ocuparse de las colonias felinas si tienen tiempo, presupuesto, sensibilidad o ganas. Dice que les corresponde hacerlo. La norma establece que las entidades locales deben desarrollar programas de gestión de colonias felinas. Y concreta en qué consiste esa responsabilidad: localizar y censar las colonias, esterilizar a los gatos mediante el método CER —captura, esterilización y retorno—, identificarlos, garantizar su atención sanitaria, establecer programas veterinarios, gestionar los posibles conflictos vecinales y colaborar con las personas y entidades que participan en su cuidado. Sin embargo, casi tres años después de la entrada en vigor de la ley, en demasiados municipios españoles seguimos encontrándonos con la misma escena: mujeres y hombres particulares comprando sacos de pienso de su propio bolsillo, pagando tratamientos veterinarios, capturando animales para esterilizarlos, cuidando gatos enfermos, atendiendo camadas abandonadas y soportando, además, conflictos, amenazas o insultos por hacer un trabajo que beneficia a toda la comunidad. Es importante decirlo claramente: las personas que cuidan colonias felinas no provocaron la existencia de esas colonias; se hacen responsables de unos gatos que fueron abandonados por una parte de la sociedad que se niega a responsabilizarse. Los gatos que viven en nuestras calles no aparecieron por generación espontánea. Son consecuencia, en buena medida, del abandono y de décadas de ausencia de políticas responsables de esterilización, identificación y control poblacional. Y no, tampoco desaparecen dejando de alimentarlos. El hambre no esteriliza. La gestión ética y planificada mediante CER no nace de un sentimentalismo ingenuo. Nace de una necesidad de políticas de salud pública. Una forma de reducir progresivamente las poblaciones de gatos comunitarios de manera controlada y compatible con el bienestar animal, la salud pública y la protección de la biodiversidad. Sin tener que matar. Durante años, personas anónimas han estado supliendo la ausencia de la Administración ante este problema, pero, a día de hoy, los gatos tienen Ley. Por eso hemos salido a la calle a pedir que se cumpla la ley, que es una forma de defender el Estado de derecho. Una administración pública no puede decidir qué leyes cumple dependiendo de si le gustan más o menos. Un ayuntamiento no podría argumentar que no recoge la basura porque carece de presupuesto suficiente, ni dejar de garantizar el abastecimiento de agua porque considera complicada su gestión. Con las obligaciones relacionadas con los animales debería ocurrir exactamente lo mismo. Sabemos que Extremadura está formada por numerosos municipios pequeños, que disponen de pocos recursos económicos y técnicos, pero la propia ley da respuesta: las entidades locales pueden solicitar el apoyo de las diputaciones provinciales para cumplir con sus obligaciones. Por tanto, no podemos convertir la falta de medios de un pequeño municipio en una condena para los animales ni en una transferencia permanente de responsabilidad hacia las personas voluntarias. La Ley 7/2023 encomienda a las diputaciones provinciales y a los gobiernos autonómicos elaborar protocolos marco que establezcan criterios de captura, registro, alimentación, limpieza, atención sanitaria, esterilización, instalación de refugios, formación de personas cuidadoras y formación incluso de las policías locales. No pedimos que todas las personas amen a los gatos. Ni siquiera hace falta que les gusten. Basta con que cumplan la Ley. Una sociedad democrática no construye sus normas sobre los gustos individuales, sino sobre responsabilidades colectivas, conocimiento científico y principios éticos compartidos. Los gatos comunitarios existen. Forman parte de nuestros pueblos y ciudades. Y mientras existan, tenemos dos posibilidades: abandonar su gestión a la improvisación, permitiendo que se reproduzcan sin control, enfermen y generen conflictos; o gestionar sus poblaciones de manera responsable, profesional y ética. Detrás de cada colonia continúa habiendo demasiadas personas que madrugan para poner agua, que recorren kilómetros llevando un gato al veterinario, que organizan rifas para pagar esterilizaciones o que calculan a final de mes cuánto pueden gastar en pienso. Su entrega y sensibilidad son admirables, y hoy, además, han salido a la calle para pedir algo distópico en una democracia: Amados gobernantes y funcionarios, sus votantes y no votantes quieren que se cumpla la ley.