Financiación injusta y forzada para las comunidades autónomas

Aunque Hacienda logró sacar adelante ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera su propuesta de reforma de la financiación autonómica gracias al respaldo de Cataluña y Canarias, esta parece condenada al fracaso una vez que llegue al Parlamento. Pese a ser claramente beneficiosa para la Generalitat catalana que preside Salvador Illa, los separatistas de Junts, socios clave del Gobierno de PSOE y Sumar esta legislatura, han adelantado que votarán en contra por verla insuficiente. El grupo que lidera el fugado Carles Puigdemont reclama un cupo similar al del País Vasco y sostiene que no se conformará con menos. Así que la reforma elaborada por María Jesús Montero al dictado de las exigencias de ERC -rival de Junts en Cataluña- tiene pocos visos de llegar a aplicarse. No es algo que pueda sorprender al Ejecutivo, que ha hecho encaje de bolillos para adaptar las reclamaciones maximalistas de la formación de Oriol Junqueras a las costuras de un modelo desfasado desde hace 14 años y claramente desnivelado en detrimento de territorios como la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Lejos de corregir esos desequilibrios, como sería de esperar para un Gobierno que se proclama progresista, la reforma de la financiación autonómica planteada consagra mayores privilegios para las autonomías dotadas con más recursos hasta ahora, en especial Cataluña. De ahí que las dos regiones del régimen común gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha, votasen en contra de la propuesta junto a todas las dirigidas por el PP, el resto, a excepción de la Comunidad de Madrid, la mayor contribuyente a las arcas del Estado y a los mecanismos de solidaridad entre territorios, que no asistió a la reunión para dejar más patente su rechazo a un modelo que consagra las desigualdades de manera injustificada. En vista de la oposición generalizada a su propuesta entre quienes deben aplicarla, y dado el enorme retraso acumulado en actualizar el sistema de financiación autonómica, lo más prudente habría sido aplazar la votación definitiva en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para dar paso a unas negociaciones en las que, esta vez sí, pudieran tener voz todas las comunidades autónomas, no sólo la más beneficiada por la reforma. Claro que para eso el Gobierno debería tener las manos libres y no maniatadas por sus pactos con los partidos separatistas, que siempre pasan la factura al conjunto de los españoles.