Un mallorquín alemán

Al regresar de mis vacaciones en este caluroso verano mallorquín encontré en el buzón una carta de la ciudad de Múnich. Me invitaba a recoger el certificado que acredita mi nacionalidad alemana. Confieso que la leí dos veces. Hay noticias administrativas que, de pronto, dejan de serlo: un sobre con membrete municipal puede contener una pequeña biografía. Cuando Alemania permitió obtener su nacionalidad sin tener que renunciar a la española, inicié el procedimiento en 2024. Con el pasaporte español ya me sentía plenamente europeo. Pero en Alemania no solo he pagado mis impuestos durante muchos decenios: también soy muy consciente de todo lo que debo a este país. Mi formación, oportunidades profesionales, amistades y, en definitiva, una vida que ha sido también alemana. La ciudadanía no se reduce a un documento, aunque el documento importe. Es la forma jurídica de reconocer una pertenencia que, en mi caso, se ha ido construyendo con los años: en el trabajo, en la lengua aprendida a trompicones, en los amigos, en las rutinas y hasta en esa particular capacidad alemana de organizar con meses de anticipación lo que en Mallorca dejamos, con frecuencia, para después de Sant Joan. El trámite ha durado cerca de dos años. No era una prueba de amor, pero sí un itinerario exigente. Uno de sus requisitos es el Einbürgerungstest, el examen de naturalización. Hay que responder a treinta y tres preguntas extraídas de un catálogo de 310. Se pregunta por la libertad de expresión, la separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la estructura federal del país y el reparto de competencias entre el Estado y los Länder. También por fechas históricas, como la reunificación alemana. No se trata solo de aprobar un cuestionario, sino de demostrar que se entiende el marco común al que se desea pertenecer. A ello se añaden declaraciones y formularios, entre ellos la afirmación de no pertenecer ni haber apoyado organizaciones extremistas, ya sean de izquierda o de derecha, o movimientos de carácter religioso que rechacen el orden constitucional. Seis folios de casillas tienen la extraña virtud de recordarnos que una democracia no se sostiene únicamente con buenas intenciones. Sin embargo, lo que más me ha hecho pensar no es el examen, sino el debate que acompaña a la ciudadanía. Alemania, como tantos países europeos, discute quién debe acceder a ella, con qué rapidez y bajo qué condiciones. La cuestión no es administrativa: es también moral y simbólica. ¿A quién se abre antes la puerta? ¿A quién llega huyendo de la guerra, la persecución o el hambre? ¿O a quien ha construido pacientemente durante décadas su vida en el país ha trabajado, cotizado y criado a sus hijos allí? Las dos respuestas son humanas y legítimas. Quien busca refugio no debería tener que demostrar que su dolor es más urgente que la trayectoria de otro. Y quien ha contribuido durante años a una sociedad no debería sentir que su pertenencia sigue siendo provisional. El error comienza cuando se presenta una necesidad contra la otra, como si el reconocimiento de unos exigiera la postergación de los demás. Una política de ciudadanía razonable ha de saber distinguir sin jerarquizar la dignidad. Debe acoger a quien necesita protección y, a la vez, ofrecer una vía clara y no interminable a quien ya forma parte del país en la práctica. Gestionarlo mal no solo retrasa expedientes: erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la sospecha de que hay ciudadanos de primera, de segunda y eternos aspirantes. Dentro de poco recogeré aquel certificado muniqués. Seguiré siendo mallorquín, naturalmente: lo seguiré siendo por la familia, la lengua, la memoria y el mar. Pero también seré alemán por derecho, además de por experiencia. No siento que haya ganado una identidad y perdido otra. Más bien he puesto nombre oficial a una vida que, desde hace mucho tiempo, transcurre entre dos patrias.