Catalejo
Periodistas capturados, una muestra de tiranía
El periodismo de investigación es, como mínimo, peligroso porque mientras más valiosos para el beneficio ciudadano son los resultados, más ira despiertan.
La tiranía no comienza instantáneamente o en un brevísimo plazo, sino con acciones aparentemente justificadas y con cierto nivel de aprobación inicial entre los ciudadanos. En la actualidad se va desarrollando paso a paso, y avanza en la represión de todos o ciertos grupos ciudadanos. El ejercicio del periodismo independiente es parte fundamental de la libre emisión del pensamiento, en Guatemala una parte fundamental de la Carta Magna, la cual la califica dentro de las leyes constitucionales, es decir cuyo cambio requiere de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Las otras son la ley de exhibición personal, para evitar capturas y encierros ilegales, y la ley electoral y de partidos políticos.
La tiranía de este tiempo comienza con sutiles acusaciones de delitos falsos, para justificar capturas y cárcel como venganza.
La captura de un periodista es legalmente posible cuando se refiere a acusaciones de hechos ilegales del campo civil, como un accidente automovilístico, un homicidio culposo o no. Pero es ilegal y sobre todo inconstitucional si la acusación se refiere al hecho de ejercer la libre emisión del pensamiento, en lo cual comparte ese derecho con el resto de ciudadanos. Una violación a la calumnia, la injuria, la difamación, requiere una denuncia ante un juez civil, quien llama al tribunal de imprenta, llamado así porque cuando se integró, la imprenta era la única forma de divulgar el pensamiento en cantidades masivas. Ahora incluye radio, televisión y redes sociales, y su difusión es instantánea y llega a distancias de cualquier parte del mundo.
Los gobiernos tienen clara la imposibilidad de encarcelar a todo ciudadano, sobre todo periodista, por sus comentarios e ideas. Entonces, la retorcida acción consiste en acusarlos de algún crimen civil, cualquiera, y de esa manera poder capturarlos. Los dos más recientes casos son los de Jose Rubén Zamora Marroquín, encarcelado por más de dos años en el Mariscal Zavala por acusársele de lavado de dinero, obstrucción a la justicia y chantaje. Fue absuelto de uno de los cargos pero no de otro en un juzgado diferente, por lo cual regresó a prisión. Luego logró arresto domiciliario, con consecuencias para su salud por la tortura psicológica en tiempo de Giammattei. Su caso demuestra la debilidad del sistema jurídico guatemalteco.
Este caso es suigéneris. Arévalo le ofreció liberarlo, pero como la condición previa del régimen giammatteista era declararse culpable, no aceptó. Por aparte, teniendo la posibilidad legal de deshacerse de la principal responsable, Consuelo Porras, al ser mal aconsejado por sus abogados, no se animó a hacerlo. El sustituto en el Ministerio Público se mantuvo en una posición igual y el caso continúa abierto. Se cumplió la meta del anterior gobierno: sembrar el miedo y autosilenciar a los críticos. En la actualidad hay un nuevo y reciente caso: como venganza de sus escritos, al periodista Sonny Figueroa lo acusaron del delito de alteración del orden publico y a causa de eso está capturado y evidentemente no tiene posibilidad de salir pronto.
No conozco a Sonny Figueroa, pero eso no tiene importancia porque trato de defender un derecho constitucional. El periodismo de investigación es, como mínimo, peligroso porque mientras más valiosos para el beneficio ciudadano son los resultados, más ira despiertan entre los corruptos, los maleantes, los antipatriotas a causa de sus acciones. Tampoco considero infalible al periodismo, al fin y al cabo practicado por seres humanos, pero su ausencia forzada provoca daños cuyo mayor efecto es crear las condiciones para las dictaduras, y estas, iniciadas muchas veces con apoyo popular porque por lo general sustituyen a un mal gobierno, pronto lo superan en todo y, peor aun, a su vez pueden ser cambiadas por alguna todavía peor.
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