La versión cinematográfica de La Odisea ha devuelto al centro de la conversación a los dioses de Grecia: inmortales y poderosos, pero también vanidosos, irascibles, parciales y propensos a intervenir en las disputas humanas. Esa imagen ofrece una clave inesperada para comprender la primera batalla del nuevo gobierno: la solicitud de facultades legislativas en seguridad, economía, derechos laborales y reforma del Estado.
La pregunta dominante será cuánto poder tendrá Keiko Fujimori si el Congreso acepta delegarlo durante cuatro meses. Pero está mal enfocada. Presupone que el poder puede trasladarse limpiamente del Parlamento al Ejecutivo, como una espada que cambia de mano. Nuestro Leviatán no funciona así. Hobbes imaginó un soberano indivisible; el constituyente peruano diseñó un Olimpo.
De la antigua trinidad del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se crearon nueve dioses constitucionales. El Banco Central custodia la moneda; la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP vigila el sistema financiero; la Contraloría fiscaliza el uso de los recursos públicos; la Defensoría protege derechos; el Ministerio Público persigue el delito; la Junta Nacional de Justicia interviene en la carrera judicial y fiscal; el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia electoral; la ONPE organiza los comicios; y el RENIEC registra nuestra identidad civil. Sobre todos estos se alza el Tribunal Constitucional, árbitro final de las disputas entre los propios dioses.
En una columna anterior sostuve que esos dioses no bastan para construir una nación. Ahora corresponde observar que estos tampoco viven en paz. Están dirigidos por personas, organizados en burocracias y dotados de competencias, presupuestos e incentivos para ampliar su influencia. Investigan, controlan, interpretan, regulan, designan, sancionan y disputan entre sí. Ninguno aceptará dócilmente convertirse en un dios menor.
No fueron creados para obedecer al gobierno de turno, sino para desconfiar de él. Su autonomía expresa una decisión fundacional: ningún vencedor electoral debe disponer por sí solo de todo el poder. Esa dispersión protege a la República frente al abuso, aunque también diluye la responsabilidad y fatiga al Leviatán cuando el control degenera en bloqueo y la autonomía en guerra.
La delegación no coronará a Keiko como soberana. La introducirá con mayores herramientas en una disputa institucional que ya existía. La cuestión decisiva no es cuánto poder recibirá, sino cuánto podrá ejercer dentro de un Olimpo donde cada dios defiende su parcela y el Tribunal Constitucional pretende ordenar el cielo. Gobernar exigirá dirigir sin pretender convertirse en Zeus. Abajo, los mortales esperamos.
Por Johnny Vásquez Soriano
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