Farmeando aura con la financiación

No es solo una cuestión de fondo, sino también de formas. Es difícil de explicar que el Gobierno apruebe una reforma de la financiación autonómica contra el criterio de todas las autonomías, menos dos, una de éstas, Cataluña, la única con la que ha negociado el nuevo sistema. Todavía más estupefaciente es que dicha negociación se ha llevado a cabo con un partido que no gobierna, Esquerra Republicana. El gesto no puede calificarse más que de un intento de trágala. Podría aducirse que la oposición se produce por causas partidistas, pues la mayoría de los Gobiernos autonómicos están en manos del PP, pero tampoco comulgan con la reforma los dos de dirigencia socialista, lo que indica que el problema es más profundo de a lo que da lugar esa lectura simple. La reforma de la financiación autonómica, largo tiempo aplazada por falta de consenso y de voluntad, requeriría en buena lógica de una aquiescencia general, pues la mejor manera de que resulte insatisfactoria es imponerla a marchamartillo. De hacerse así, las demandas continuarían vivas y ese capítulo de la agenda política no sería clausurado. Aunque suene grandilocuente, se trata de un asunto de Estado, que requiere de un gran acuerdo y no puede despacharse como una disposición unilateral del Gobierno de turno. La solución es compleja, pues no basta con 'actualizar' la dotación de recursos, sino que requiere de un cambio estructural, ya que cada Comunidad se atiene a situaciones distintas, y hay que contemplarlas todas en su especificidad sin que la diversidad de criterios conlleve discriminación entre ellas. Nadie dice que sea fácil. Sería absurdo que se aplicara el mismo baremo de población, por ejemplo, para la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, pero más lo parece que todas las Comunidades hayan de aceptar el mismo esquema que el que conviene a Cataluña, que es la única con que el Gobierno ha negociado. Y esto a pesar de que tradicionalmente las cesiones al establecimiento catalán suelen repercutir positivamente en la Región de Murcia por la similitud de circunstancias, como las condiciones de la mediterraneidad y el nivel de población. Pero ya se ve que en esta ocasión no es así, pues el nuevo modelo que el Gobierno ha llevado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) solo consigue elevar mínimamente a Murcia en el fondo del ránking de las peor financiadas. Ni siquiera, por tanto, podríamos sugerir al Gobierno regional que aplicara la salida de 'toma el dinero y corre', pues como dice la consejera de Hacienda, Marisa López Aragón, «no venimos aquí a que se nos discrimine un poco menos». Y es que la iniciativa gubernamental de saldar el epígrafe de la financiación al borde final de la legislatura sanchista tiene un origen indisimulable: el pacto de sostenibilidad parlamentaria con Esquerra Republicana de Cataluña, que a su vez conlleva la aprobación de los Presupuestos de Salvador Illa con el apoyo del partido de Junqueras. Pretender que ese acuerdo bilateral competa al conjunto de las autonomías, lo quieran éstas o no, es un órdago delirante. Ni siquiera satisface al otro aliado catalán de investidura, Junts, adversario electoral de Esquerra, decidido a no facilitar a éste la medalla de una 'conquista' al Gobierno de España. El hecho de que la financiación de Cataluña no repercuta en favor de la Región de Murcia en el traslado de un supuesto modelo que debiera ser equivalente por similaridad territorial se debe, claro, a que lo acordado con Esquerra no obedece a parámetros objetivos, sino al establecimiento de una cifra, con independencia de su asiento en realidades concretas. Dado que Pedro Sánchez es consciente de que lo decidido por Hacienda en el CPFF tendrá un previsible rechazo cuando intente ser convalidado en el Congreso de los Diputados, la actitud de renunciar al consenso, incluso de no intentarlo siquiera, constituye su manera de 'farmear aura', eso que antes se definía más expresivamente como postureo. Postureo ante Esquerra, como diciendo: lo he intentado, pero el PP lo ha echado abajo, como antes justificó ante Junts que no por su falta de voluntad, sino por la de la Unión Europea, el catalán no fuera admitido como idioma oficial de los organismos políticos continentales. Hay una manera de cumplir con lo pactado que consiste en formalizar el intento de llevar a cabo lo convenido, pero no poder hacerlo a causa de agentes externos. Es un proceder habitual en el comportamiento de Sánchez, que así queda exculpado de sus incumplimientos, alguno de los cuales, como el relativo de la financiación autonómica, se da por hecho de antemano. Aunque en el caso de la financiación de Cataluña, al tratarse de un pacto bilateral, podría cumplirse incluso si no fuera aprobada la del resto de autonomías, lo cual todavía haría más expresiva la atención privilegiada a la Comunidad que básicamente sostiene a Sánchez en el poder. La respuesta del PSOE murciano al rechazo de Fernando López Miras al sistema de financiación ingeniado por el Gobierno central ha consistido en afearle una decantación de intereses: «Entre la Región de Murcia y Feijóo, ha elegido a Feijóo», al decir de la senadora Inmaculada Sánchez Roca. Una ecuación en la que quedarían incluidos los presidentes socialistas García Page y Barbón, quienes también habrían elegido a Feijóo antes que a Castilla-La Mancha y a Asturias. Sin reparar en que esa lógica también podría encajar si dijéramos que los socialistas murcianos, entre la Región de Murcia y Sánchez, han elegido a Sánchez. Tiene incluso más sentido este segundo supuesto, dada la tradición que registra la hemeroteca, en que desde la calle Princesa el Gobierno de Sánchez no ha recibido a lo largo de su trayectoria un solo reproche a cualquiera de las actuaciones que agentes sociales de la Región han replicado con protestas. Y esto a pesar de que el lema de la actual ejecutiva presidida por Francisco Lucas es «Valentía», una cualidad que solo es ejercida frente al Gobierno regional, cosa que va de suyo, pero adquiriría mayor valor si de vez en cuando se expresara ante el nacional. ¿Debe un Gobierno regional decir 'sí, bwana' a lo que el central le presenta ya precocinado, sin opción ni siquiera a considerar otros ingredientes? Parece lógico que en estas situaciones se establezca un pulso precisamente en favor de los intereses de la Región, pero en lo que se refiere al capítulo de la financiación no ha habido lugar a negociación, pues todo han sido lentejas. Años y años, ocho por parte del Gobierno socialista, a la espera de una reforma del sistema que todos los partidos consideran injusta para la Región y, de pronto, se hace una oferta del tipo 'lo tomas o lo dejas' que, en caso de optar por la primera parte del dilema, tras recibir una propina, condenaría a Murcia a permanecer infrafinanciada hasta una nueva revisión para la que podrían transcurrir décadas. Y siempre con la perspectiva de alcanzar la zanahoria, jamás atrapada porque se aleja al compás de quien la persigue. Incluso en el caso de que la propina resultara medianamente satisfactoria, la obligación del Gobierno regional es mantener la máxima exigencia, y en esa posición debiera apoyarlo el conjunto de las fuerzas políticas, a no ser que alguna prefiera antes a Sánchez que a la Región. Una de las primeras tareas del Gobierno central sería la de hacer desaparecer el ránking que ordena a las Comunidades según su mejor estado de financiación. Naturalmente, siempre habrá diferencias cuantitativas de acuerdo a población y territorialidad, así como a otros elementos estructurales, pero no puede existir la mínima distinción respecto a la valoración de los servicios que se han de atender en cada caso y de las previsiones de crecimiento en el inmediato futuro. Hay que recordar que no se financian territorios sino ciudadanos, y que la igualdad entre éstos es una garantía constitucional. Ese concepto, igualdad, tan querido por los socialistas, no encaja en algunas decisiones de su Gobierno, que prima los requerimientos de las fuerzas políticas que lo sostienen frente a la realidad económica y social del país que gobierna. Dada su precariedad parlamentaria, esos requerimientos no solo no cesan sino que se intensifican en las cercanías electorales, y al ser atendidos, se promueven los desequilibrios. Es sorprendente que esta dinámica sea aceptada sin reparos desde el partido del Gobierno en aquellas Comunidades evidentemente afectadas. Naturalmente, en el rechazo de las Comunidades populares al modelo de financiación hay también un componente de estrategia política, en la misma medida que el PSOE en la oposición en esas Comunidades predica la bondad del proyecto para proyectar la decisión del Gobierno como una prueba benefactora. Nadie puede engañarse al respecto. Pero difícilmente podría mantenerse ese rechazo si no existieran datos y razones objetivas que lo avalaran. Aun aceptando que el rechazo y la aceptación fueran actitudes dogmáticas de la confrontación estrictamente partidista, el primero se sostiene con más solidez que la segunda. Y es que, por si fuera poco, ya está dicho: además de una cuestión de fondo, también lo es de formas. De farmear aura, en fin.