El estadio previo

El 31 de julio, con el espigón del Tarajal todavía lleno de gente y 67 muertos en el agua, Pedro Sánchez dijo que lo ocurrido en Ceuta los dos días anteriores había sido "un ataque, una violación de la integridad territorial de España". Quien invoca la integridad territorial, que el artículo 8.1 de la Constitución encomienda defender a las Fuerzas Armadas, describe un acto hostil de otro Estado. Lo que hizo a continuación fue irse de vacaciones a Lanzarote, negarse a comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso y dejar que su ministro del Interior, abucheado después en la propia Ceuta, explicara que Marruecos "no es ninguna amenaza, es un socio absolutamente fiable". Ese ministro se llama Fernando Grande-Marlaska, fue magistrado de la Audiencia Nacional, conserva su plaza y puede volver a ocuparla el día que deje el ministerio; conviene retenerlo, porque lo que exhibe ahora no es un vicio adquirido en la política. La situación de interés para la seguridad nacional, de acuerdo con la Ley 36/2015, se declaró el 25 de agosto, veintiséis días después del ataque. El 31 de agosto, en la SER, el mismo presidente aseguró que no tenía "evidencia" de implicación marroquí, que el CNI no había emitido "ningún informe relevante" y que la culpa era de bulos difundidos por Rusia e Israel. Un día después se conocía el informe que la Policía Nacional ha remitido a la Audiencia Nacional: "guiado activo" de las masas por fuerzas de seguridad marroquíes, "planificación previa", "dirección estratégica" y treinta y dos fotografías de agentes conduciendo a la gente hacia los puntos de paso. Si se lee todo eso con ojos de jurista, se comprobará algo desconcertante: nada de lo descrito es inconstitucional. El artículo 108 dice que el Gobierno responde ante el Congreso, pero no dice cuándo; el artículo 110 permite a las Cámaras reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, pero no fija plazo ni sanción; ningún precepto obliga al presidente a interrumpir un descanso ni a sostener, contra viento y marea, durante más de un mes la misma versión de los hechos. No hay Tribunal Constitucional para la mentira. Pero la ausencia de infracción no significa conformidad con la Constitución: significa que el comportamiento se ha instalado en un espacio que la Constitución no regula porque nadie pensó que hiciera falta regularlo. A ese espacio lo llamo "aconstitucionalidad", y la confusión entre ambos es hoy la principal herramienta de quienes lo habitan. Quien cree en la democracia y en el Estado de derecho vive la crispación como una amenaza porque sabe que el sistema se sostiene sobre matices que la trinchera destruye: entre la letra y el espíritu de la norma, entre el adversario y el enemigo, entre gobernar y ocupar Lo inconstitucional contradice la letra y tiene, al menos en teoría, un tribunal que lo declare. Lo "aconstitucional" no contradice nada; ignora la razón de ser del precepto. Ya escribí aquí que el edificio del 78 tiene las juntas selladas con un material que ninguna norma garantiza, la lealtad institucional de sus ocupantes, y que los constituyentes dieron por supuesto que ningún presidente accionaría todos los resortes a la vez en beneficio propio. Cada supuesto no escrito es una puerta abierta para quien decide que no tiene por qué cumplir lo que no está mandado: el artículo 108 presupone un Gobierno que quiere responder y el 8.1 un presidente que, cuando denuncia un ataque a la integridad territorial, actúa en consecuencia o rectifica en público el diagnóstico. Cuando esos presupuestos faltan, la norma sigue intacta, pero el sistema queda vacío. De ahí que la equiparación que propongo no sea una metáfora. La amoralidad no es la inmoralidad. El inmoral conoce la regla y la infringe; el amoral no reconoce regla que lo vincule más allá de su conveniencia. El inconstitucional viola la Constitución y el "aconstitucional" la vacía, con una misma lógica: lo que no está prohibido se puede hacer y lo que no puede sancionarse no ha ocurrido. Como penalista, sé que fuera del tipo penal no hay delito, pero también sé que esa garantía, pensada para proteger al ciudadano frente al Estado, se pervierte cuando el Estado la invoca para protegerse de los ciudadanos. Un Gobierno que hace de la atipicidad su código de conducta no es un Gobierno que respeta la Constitución: es un Gobierno que la ha reducido a la lista de lo que aún no se ha atrevido a hacer. Y aquí es donde la crispación deja de ser un ruido de fondo para convertirse en el mecanismo. En la confrontación por bloques, cada hecho es un proyectil y ningún matiz sobrevive al lanzamiento. La oposición, que es corresponsable de ese ambiente, aunque no de la amoralidad que lo aprovecha, grita "traición" y "golpe" donde lo que hay es abandono y mentira, y con ello hace al Gobierno el mayor de los favores: convierte un debate sobre el espíritu de la Constitución en un debate sobre su letra, que es el único que el Gobierno puede ganar. Y no lo gana por casualidad, pues cada debate sobre la letra que el Gobierno gana se lo cobra en votos quien grita más fuerte desde la otra trinchera, y ese cobro también estaba previsto. Un jurista bien alimentado demuestra, con razón, que no se ha vulnerado ningún artículo, y esa respuesta verdadera certifica lo falso: que la conducta es legítima. Cada repetición del ciclo baja el listón: lo que en julio era una "violación de la integridad territorial", en septiembre es una discrepancia sobre informes. La crispación no impide ver la "aconstitucionalidad": la disuelve, porque en la trinchera solo hay dos categorías, lo que hacen los nuestros y lo que hacen los otros, y ninguna de ellas es la Constitución. Hay un efecto de esa disolución que se percibe menos porque no consta en ningún atestado: el desplazamiento. La crispación no solo baja el listón, empuja a la gente hacia los extremos: cuando cada hecho exige tomar partido, quien no quiere tomarlo se queda sin sitio. El ciudadano que se pregunta a la vez si lo de Ceuta fue una mentira y si la palabra "traición" es un exceso, no tiene dónde ubicarse; en una trinchera es un tibio y en la otra un cómplice. Muchos acaban eligiendo la trinchera menos incómoda, otros sencillamente se van, y el resultado es el mismo: el centro del tablero democrático, que no es un espacio ideológico, sino el lugar donde se acepta que el adversario es legítimo y que las reglas obligan a todos, se va vaciando. Un tablero con el centro vacío es exactamente lo que necesita quien pretende institucionalizar comportamientos autoritarios, porque ya no queda nadie que exija que el poder rinda cuentas por principio y no por conveniencia. Las mentiras sobre Ceuta, un presidente que decide cuándo responde ante el Congreso, un ministro que miente más que habla y al que ya se le consentía cuando instruía sumarios —porque era un actor útil y a los actores útiles no se les pregunta por su relación con la verdad—, un ministro que ha mostrado ante todos su lado más siniestro y que, sin embargo, podrá volver a juzgar a otros: nada de eso es todavía un régimen, pero es la costumbre que un régimen necesita para nacer sin que nadie lo advierta. El estadio previo a la inconstitucionalidad se recorre en la conciencia de cada ciudadano, un episodio cada vez, hasta que un día se descubre que el centro está vacío, que los extremos se lo han repartido y que ya no queda nada previo Conviene decir con claridad quién gana con esto y no es ninguno de los dos bloques como tal: son quienes, dentro de cada uno de ellos, están cómodos en la confrontación. La comodidad delata. Quien cree en la democracia y en el Estado de derecho vive la crispación como una amenaza porque sabe que el sistema se sostiene sobre matices que la trinchera destruye: entre la letra y el espíritu de la norma, entre el adversario y el enemigo, entre gobernar y ocupar. Quien no cree en nada de eso, vive dicha crispación como su hábitat natural porque le permite presentar, como defensa de la democracia, lo que es su demolición. En un escenario así solo está cómodo quien no cree ni en la democracia ni en el Estado de derecho, y esto no va de partidos concretos sino de valores determinados: hay quien, desde el poder, ha decidido que la Constitución representa lo que aún no se ha atrevido a hacer nadie y hay quien, desde la oposición más extrema, ha decidido que cualquier exceso propio es tolerable si el otro es peor. Ambos se necesitan, ambos se alimentan y ambos son, en el fondo, los responsables de la destrucción del sistema que dicen defender. Que nadie confunda esa simbiosis con un accidente: cada mentira sostenida durante un mes y cada "traición" gritada, en respuesta, engorda a Vox, y un Vox engordado es la mejor póliza de continuidad que puede contratar quien gobierna porque encarece cualquier gobierno del Partido Popular hasta hacerlo depender de quien más asusta y permite presentar, una legislatura más, el mal menor como programa. La "aconstitucionalidad" no es solo un rasgo de carácter: es una estrategia electoral y quien la practica sabe perfectamente a quién beneficia. Frente a eso no cabe la conservadora equidistancia, que es otra manera de abandonar el tablero, sino lo contrario: una defensa radical de la democracia y del Estado de derecho, radical en el sentido de ir a la raíz, esto es, exigir las mismas reglas a todos, negarse a que el mal mayor justifique el propio y tratar cada mentira del poder como lo que es, sea de quien sea. Ya lo dije a propósito de la izquierda que dejó de pensar: quien normaliza las herramientas no decide quién las heredará. Identificar la dinámica no exige ser jurista, basta hacerse tres preguntas ante cada episodio. La primera: ¿qué norma concreta prohíbe esto? Si la respuesta es "ninguna" y aun así uno sabe que no debería hacerse, está ante un caso de aconstitucionalidad, y conviene llamarlo por su nombre, en lugar de elevarlo a inconstitucional, que es regalarle la razón a quien lo hace. La segunda: ¿qué diría yo, si esto mismo lo hubiera hecho el otro bloque? Si la respuesta cambia, lo que uno tiene no es un criterio, sino una trinchera. Y la tercera, la más incómoda: ¿qué conducta del poder tolero hoy que hace un año no habría tolerado? Esa respuesta mide la velocidad a la que uno mismo se desplaza hacia el extremo que le corresponde, y esa es la única medición que importa porque el estadio previo a la inconstitucionalidad no se recorre en los tribunales ni en el Congreso. Se recorre en la conciencia de cada ciudadano, un episodio cada vez, hasta que un día se descubre que el centro está vacío, que los extremos se lo han repartido y que ya no queda nada previo.