La muerte civil de los apátridas nicaragüenses

Tuve oportunidad en estos días de participar en un evento internacional organizado en conmemoración del 65 aniversario de la Convención de 1961 para reducir la apatridia, que es el principal tratado internacional dedicado a prevenir y reducir la apatridia. El primer desconcierto que registré fue que se disponía de interpretación simultánea para diferentes idiomas, incluso el coreano, pero el español no estaba en la lista de idiomas de uso en el foro. Tampoco participaron expositores de América Latina. El segundo impacto provino propiamente del desarrollo de la actividad: la ausencia del caso Nicaragua. La explicación me parece evidente: No hemos tenido capacidad de colocar en la agenda internacional la situación de los nicaragüenses despojados 'oficialmente' de nacionalidad, y mucho menos la condición de miles de compatriotas que afrontan la apatridia de facto, que es una de las medidas de represión más sórdidas de la dictadura. La explicación de este déficit también parece evidente: Son tantos los atropellos de la dictadura a los derechos humanos, tantas las víctimas, y tantos los agobios y desafíos del día a día, que sin percatarnos vamos enterrando en la memoria una tragedia tras otra, o 'normalizando', o subordinándonos a la imposición inapelable de las urgencias. Incluso las víctimas del despojo 'oficial' pocas veces hablamos de nuestra realidad y de las penurias que provoca la desnacionalización. Es preciso hacerlo. Debemos reconocer, sin embargo, la inestimable contribución del Grupo de Expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos, GHREN, que nos dota de los elementos doctrinarios, factuales y jurídicos pertinentes. La desnacionalización 'formal' y la muerte civil Comencemos por los 452 'formalmente' desnacionalizados. Digo 'formalmente' porque el despojo de nacionalidad fue anunciado por una declaración oficial, aunque sin base legal o judicial alguna. En el caso de la lista en la que figura mi nombre, 'el grupo de los 94', el 15 de febrero de 2023 apareció por televisión un sujeto con cara de noche de parranda, disfrazado con una toga, leyendo una 'sentencia' que imponía una pena a partir de una ley inexistente, como culminación de un juicio también inexistente. Amanecimos nicaragüenses y en la tarde nos enteramos por la televisión que la dictadura había resuelto que ya no lo éramos. Pero la desnacionalización vino acompañada de otras medidas: Confiscación de bienes; cancelación de derechos civiles y políticos 'a perpetuidad', según los verdugos; declaratoria de prófugos de la justicia; eliminación de registros académicos o títulos para ejercer determinadas profesiones; anulación de pensiones de seguridad social a jubilados y de cotizaciones a afiliados activos, revocación de asientos o inscripciones en el registro civil; denuncia de pérdida de pasaportes para ocasionar trastornos al momento de intentar desplazarse…para mencionar algunos. En definitiva, es lo que se ha conocido en la historia como muerte civil. Una penalidad que proviene del derecho romano. La utilización de la expresión muerte civil no es una exageración. La persona existe biológicamente, pero en el territorio de su país de origen dejó de existir para todos los efectos. Más bien, para casi todos. Porque como puede verse y oírse, para los insomnios y las diatribas cotidianas de los cabecillas de la dictadura. La verdadera voluntad de la medida la expresó Gustavo Porras, que preside a los sirvientes del régimen en la asamblea legislativa: '…en otros países los fusilan' expresó con ostentación de impudicia. O sea, nos 'perdonaron' la vida a cambio de imponernos la muerte la civil. En el derecho romano la muerte civil era una ficción jurídica mediante la cual una persona viva perdía por completo su personalidad jurídica, sus derechos civiles y su capacidad legal, quedando como si hubiera fallecido. La tragedia humana detrás de los datos y enunciados Más allá de la referencia anterior, la cruda realidad es que detrás de cada dato o de cada enunciado hay una dimensión humana difícil de describir. Desde quienes han fallecido en el exterior añorando su tierra y sus restos se alojan —no descansan— fuera del terruño, hasta quienes lloran el fallecimiento de una madre, un padre, una hermana, sin el consuelo de poder acompañarlos a su última morada. De otro lado están los acosos de la sobrevivencia. Te quitaron la casita que tanto trabajo te costó construir, o la empresa o patrimonio que tanto empeño te llevó. O la bicicleta o la motocicleta que utilizabas para ganarte la vida, distribuyendo pan o encomiendas. Niñas y niños con dificultades al asistir a la escuela en países extraños, que añoran a su abuela y a las pequeñas amistades que dejaron; obstáculos para acceder a servicios de salud; imposibilidad de desplazarse; madres, padres e hijos con una nebulosa en los vínculos jurídicos de filiación. Y los agobios de la vejez: uno de cada tres despojados de nacionalidad del denominado 'Grupo de los 94' pertenece a tercera edad. En definitiva, las personas de la tercera edad fueron condenadas a muerte al cancelarse las pensiones de jubilación, precisamente en la etapa de mayor vulnerabilidad para obtener un empleo, ejercer una profesión o atender una enfermedad crónica o propia de la edad, en tierras extrañas. Hay otras implicaciones menos gravosas, pero igualmente peligrosas. Tuve una experiencia personal al salir de un aeropuerto e intentar cambiar 20 dólares en la moneda local: La joven de la ventanilla me dijo que no podía hacer el cambio porque en el sistema mi nombre aparecía en una lista de riesgo. Le expliqué la situación, se solidarizó, me hizo completar y firmar un formulario y me dijo que ella se haría cargo de la situación. Espero que no la hayan despedido. La sórdida medida represiva de la apatridia de facto Después están los miles en condición de lo que se conoce como apatridia de facto: Una situación en la que una persona, a pesar de tener una nacionalidad formal, no puede ejercer efectivamente los derechos asociados a esa nacionalidad. Es nacional en el papel, pero apátrida en la práctica, dado que el Estado niega u obstaculiza los medios para ejercerla, dejando a la persona en una situación de total desprotección. Son los numerosos casos que se conocen de las personas impedidas de ingresar, o de regresar al país. O bien, se les canceló o no se renovó el pasaporte o la cédula de identidad. Es una medida sórdida porque la víctima queda a media calle, usualmente sin evidencia que pueda demostrar su condición. Y frecuentemente con la angustia de niños menores, dependientes o madres vulnerables que se quedaron dentro del país. Una parte de estas personas padecen en silencio para evitarse mayores males. En estos casos otro tipo de abusos se sobreponen: La extorsión. Se conocen situaciones de que funcionarios cobran elevadas sumas de dinero a cambio de levantar la restricción. La deshumanización fascista como telón político de fondo Hay una dimensión política siniestra que corresponde resaltar: Como decíamos antes, biológicamente la persona sigue existiendo, pero para la mafia en el poder se extinguió todo vínculo jurídico o legal. En el fondo, se trata de la concepción fascista de la deshumanización. No podemos trivializar el tratamiento de animales que endilgan los cabecillas de la mafia. Sea aquel asqueroso 'hijos de perra…' de Ortega o los 'gavilanes inflados' de Rosario Murillo. Esto no es casual. Se trata de un comportamiento que ha sido estudiado ampliamente en las ciencias sociales como un mecanismo para justificar el trato inhumano -tortura, muerte, desnacionalización- a quienes consideran enemigos, e inducir a los seguidores a borrar toda forma piedad. El tema es complejo pero en este campo también corresponde dar la batalla. Es lo que algunos sociólogos denominan como la lucha por los 'marcos culturales'. El planteamiento de la 'nuda vida' formulado por Giorgio Agamben también ofrece elementos conceptuales útiles para afrontar este descuidado campo de batalla. ¿Qué hacer? Lo primero es no quedarnos callados, elevar nuestras voces, documentar y multiplicar presencia y gestiones de incidencia internacional. Nicaragua se convirtió en Estado Parte de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia mediante su adhesión el 29 de julio de 2013, entrando en vigor para el Estado el 27 de octubre de 2013. Desde esa fecha asumió obligaciones internacionales destinadas a prevenir la apatridia y proteger el derecho a la nacionalidad. Por su parte, el artículo 9 de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia establece: Un Estado Contratante no privará de su nacionalidad a ninguna persona o grupo de personas por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.' De ahí se desprende que la privación arbitraria de la nacionalidad como mecanismo de persecución política es una violación flagrante de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Nicaragua, que violenta el orden y el derecho internacional al violentar derechos fundamentales de toda persona humana al imponer la condición de muerte civil. Teniendo en cuenta la proximidad de la reunión de cancilleres de la OEA, correspondería promover la inclusión, entre las medidas colectivas a considerar y adoptar, que los Estados Miembros signatarios de la convención presenten una demanda ante la Corte Internacional de Justicia a partir de la violación de un tratado internacional por parte de la dictadura, solicitando que se proceda a restituir la nacionalidad a todas las personas arbitrariamente despojadas de ella y reparar integralmente los daños ocasionados. Ortega se llena la boca hablando de las bondades de la CIJ. Pues bien, hay que recetarle una dosis de su propia medicina. Cierto que una demanda no lo va a botar, pero significaría asestarle un golpe político, que se uniría a otros, y además socavar uno de sus argumentos más socorridos. Lo principal sería que procediendo en esta dirección se establecerían bases para la justicia y restitución de derechos a las víctimas de desnacionalización. Defender el derecho a la nacionalidad es a fin de cuentas defender el derecho a la vida de toda persona humana.