Una Ciudad Cuidadora de Bienestar. Una Ciudad Segura en Paz. Una Ciudad Próspera con Inversión y Empleo. Derecho a la Ciudad con Obras Transformadoras y Vivienda. Una Ciudad Sustentable con Gestión Integral del Agua y Derecho a la Movilidad. Una Ciudad Pluricultural. Una Ciudad Participativa.
Son siete ejes. Son decisiones sobre dónde se crean empleos, a quién le llega el agua potable, cómo se mueve la gente, quién tiene acceso a vivienda en la ciudad.
El Segundo Informe de Clara Brugada, entregado ante el Congreso esta semana, es un recuento de dos años: tres mil seiscientas obras realizadas o en proceso, cincuenta y cinco por ciento más de inversión pública respecto de 2024, trece mil viviendas nuevas, seis mil ya concluidas y siete mil todavía en construcción.
Pero un informe no es un listado de números. Es un ejercicio de transparencia. Es rendición de cuentas. Es poner sobre la mesa qué se hizo, cuánto costó, a quién benefició y qué falta por hacer.
Cuando los recursos públicos se cuidan, alcanzan para hacer más. Es economía política básica. Es lo que ocurre cuando se invierte donde se dice que se invierte.
Ahí están los doscientos Caminos de Mujeres Libres y Seguras: seiscientos kilómetros de espacio público intervenido, más de doscientas mil luminarias instaladas y tres mil millones de pesos invertidos. Para una mujer que camina a las seis de la mañana, una calle iluminada es la diferencia entre sentir miedo o sentirse protegida.
O las treinta Utopías que llegarán a las dieciséis alcaldías: espacios donde familias conviven, niñas y niños juegan, se hace deporte y se reciben cuidados. Las ocho ya abiertas han atendido a más de un millón y medio de personas. No son centros culturales para turistas. Son transformaciones de la vida cotidiana.
En agua se realizan seiscientas cuarenta y tres obras y acciones de drenaje, saneamiento e infraestructura hidráulica, con una inversión de siete mil millones de pesos. En 2025, nueve de cada diez inundaciones y emergencias fueron atendidas en menos de veinticuatro horas.
Ciento cuarenta kilómetros de electromovilidad. Cien ya funcionan y benefician diariamente a trescientas cuarenta mil personas. Metrobús Quetzalcóatl, RTP Heroínas Indígenas, nuevas rutas de Trolebús, Línea 2 modernizada y tres líneas de Cablebús en construcción. Eso es el derecho a la movilidad convertido en infraestructura.
Setecientas setenta y siete escuelas renovadas, con inversión de mil quinientos millones de pesos, en beneficio de doscientos mil estudiantes. Trescientas dieciséis canchas construidas o intervenidas. Cuarenta mil acciones de mejoramiento de vivienda. El Jardín Flotante Tlallipan ya ha recibido a medio millón de visitantes.
Cada obra toca una vida cotidiana.
Todo esto responde a una política clara: Cero lujos. Cero privilegios. Cero corrupción. Son cuatro documentos que dan cuenta detallada de acciones, programas, obras y uso de recursos públicos. Es un inventario abierto de lo que sucedió con el dinero de todos, no decoración.
Eso es lo que marca la diferencia. Cuando una administración invierte donde dice que invierte y pone sus acciones sobre una mesa abierta para que se revisen, se cuestionen y se verifiquen, los recursos públicos regresan a lo público. Regresan a las personas.
Un informe es una obligación constitucional. Pero también es un acto de confianza.
Eso es gobernar. Eso es dar la cara.
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