La lucha judicial contra las pensiones de 300 mil pesos

Una importante victoria judicial se acaba de anotar el ISSSTE la semana pasada. Y es que logró obtener una sentencia favorable en el juicio de lesividad contra una pensión de 300 mil pesos iniciado desde finales de la administración pasada. No es cualquier cosa. El ISSSTE es una institución que sufre el asedio de una incesante guerra judicial promovida por personas físicas y morales que, utilizando despachos de abogados sin escrúpulos, litigan resoluciones en tribunales para saquear sus recursos a través de pensiones desmedidas, usurpación de derechos y otras figuras que simulan realidades que son ficticias. Por eso es de celebrarse que, después de múltiples batallas en diversas instancias, en días pasados el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolviera el expediente 702/2025, poniendo fin a una pensión privilegiada de más de 322 mil pesos mensuales. Con este fallo judicial se extinguen más de 20 años de privilegios económicos desproporcionados que beneficiaban ilegalmente a una sola persona. El Tribunal argumentó que mantener montos de esta magnitud resulta insostenible y vulnera la equidad del sistema de retiro, situándose muy por encima del límite legal establecido para la mayoría de los pensionados del país, quienes perciben ingresos bajo marcos normativos regulares. La decisión sienta un precedente en la defensa de los recursos públicos y la correcta aplicación de los topes legales de las pensiones, garantizando que los esquemas de jubilación operen bajo principios de proporcionalidad y solidaridad. Cabe señalar que la mencionada pensión implicaba un monto de 322 mil 065 pesos, y empezó a entregarse el 16 de mayo de 2002. En otras palabras, el beneficiario de dicha pensión cobró el monto señalado durante 24 años, reuniendo la cantidad acumulada de 55 millones 334 mil 610 pesos. Ese beneficiario ocupó como último puesto el de Director General Adjunto LC3, con un sueldo base de 12 mil 509 pesos. Esto quiere decir, que de forma verdaderamente inverosímil, esa persona cobró una cantidad pensionaria mucho muy superior a la que cobró como trabajador en activo. No existe explicación lógica, legal, matemática, laboral o estadística que justifique ese cobro. Se trataba de un privilegio decidido completamente al margen de la ley, en el que puede presumirse una determinación política y un acto de corrupción. La resolución del Tribunal es un acto de justicia social, de honestidad, de legalidad y de constitucionalidad, que elimina un privilegio y protege el erario de abusos inadmisibles. Sólo resta decir que es en realidad un buen comienzo, porque faltan por resolver numerosos casos parecidos. POR MARTÍ BATRES GUADARRAMA DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE @MARTIBATRES EEZ