OPINIÓNLa tormenta perfecta: cuando las crisis comienzan a golpear al mismo tiempoCarlos Ibáñez

Política | 07/09/2026 02:32 Si la Asamblea también fracasa, entonces sí estaremos ante un escenario verdaderamente irreversible: no solo el de un Gobierno debilitado, sino el de un Estado que perdió, a la vez, a su Ejecutivo y a su Legislativo como instrumentos capaces de conducir la crisis. La Asamblea Legislativa de Bolivia. Foto ABI. Archivo. Brújula Digital|07|09|26| Carlos Ibañez Rodrigo Paz enfrenta hoy el momento más delicado de su gobierno. Ya no se trata de una crisis económica, una crisis política, un problema de combustible o un escándalo judicial considerados individualmente; lo verdaderamente preocupante es que todos esos problemas están comenzando a conectarse y a reforzarse mutuamente, creando una auténtica tormenta perfecta que puede terminar comprometiendo no solamente la viabilidad de su administración, sino la capacidad de Bolivia para salir de la profunda crisis económica en la que se encuentra. La crisis del diésel ya no es técnica; es una herida abierta con productores, agroindustriales y transportistas de Beni y Santa Cruz, que ya bloquearon el país bajo estado de excepción. El Gobierno cometió además el grave error de decretar el DS 5676, sin haber antes consensuado con los sectores productivos más importantes del país. La salida forzada de José Gabriel Espinoza del Ministerio de Economía , en pleno momento de sensibilidad con los multilaterales, dejó al Ejecutivo sin interlocutor técnico frente al FMI, el BID, el Banco Mundial y la CAF. Y el caso Cerimedo no se cierra con un comunicado: cada revelación –vínculos con narcotráfico, patrimonio inexplicado, cercanía con la campaña y el inicio del Gobierno– erosiona el activo que Bolivia más necesita, que no son los dólares del FMI, sino la credibilidad institucional que permite que lleguen. Ninguno de estos frentes se resuelve por separado, y ahí está la trampa: cuando varias crisis se retroalimentan a la vez, la capacidad del Gobierno para revertir la percepción pública y la confianza internacional cae de forma casi exponencial. Cada semana sin una señal clara de control eleva el costo de recuperar la iniciativa, y Paz, hasta ahora, no ha dado esa señal. Por eso no es exagerado decir que la situación política de Paz se acerca a un punto de no retorno: las condiciones para que un Presidente recupere autoridad –gabinete estable, narrativa clara, coalición social que respalde el ajuste, caso judicial transparentado y multilaterales tranquilos– parecen cada vez más difíciles de reconstruir a tiempo, antes de que la crisis de combustible, la cambiaria y la inflación se combinen en algo mucho más difícil de controlar. Pero aquí conviene una distinción crucial: que la situación de Paz sea casi irreversible no significa que la de Bolivia lo sea. Un gobierno puede desgastarse, pero el Estado y su capacidad de evitar el colapso no dependen solo de la suerte de una persona. Ahí es donde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene todavía una oportunidad histórica que no puede desperdiciar. La ALP no puede salvar a Rodrigo Paz –probablemente eso ya no está en sus manos–, pero sí puede salvar al país de una espiral en la que la crisis económica se convierta en colapso institucional total. No está para rescatar a un Gobierno debilitado, sino para garantizar que Bolivia no caiga junto a él. Eso exige separar el rol fiscalizador de cualquier venganza política, porque una Asamblea que use la debilidad del Ejecutivo solo para acumular poder partidario terminará hundiéndose junto al Gobierno que dice fiscalizar. Exige investigar el caso Cerimedo hasta el final, con una comisión multipartidaria con plazos y acceso a documentación que separe lo penal –de la Fiscalía– de lo político y administrativo. Exige tomar el control técnico del seguimiento con el FMI, el BID, el Banco Mundial y la CAF para que esos organismos vean que existe, además del Ejecutivo, un Poder Legislativo capaz de garantizar continuidad institucional. Exige aprobar las leyes económicas indispensables –no como cheque en blanco, sino con trazabilidad y control– para no perder el acceso al financiamiento externo. Y exige mediar una solución negociada, no impuesta, para la crisis del diésel, con compensación sectorial, cupos productivos y eliminación progresiva de la subvención que no destruya al productor ni convierta cada ajuste en una nueva ronda de bloqueos. Para esto la ALP necesita algo que hoy le falta: gobernabilidad propia. Libre, Unidad y Súmate pueden constituir una alianza explícita, no para blindar al Ejecutivo ni sustituirlo, sino para dotar a la Asamblea de la cohesión que le permita legislar con rapidez, fiscalizar sin parálisis y sostener ante los multilaterales una voz institucional coherente. Sin ese acuerdo entre bancadas, cualquier intento de la ALP por actuar como ancla institucional se diluirá en disputas internas, justo cuando Bolivia menos puede permitírselo. Esa misma alianza debe tener listo un protocolo para una eventual transición presidencial, si la situación lo exigiera por vía constitucional –renuncia, incapacidad o sucesión conforme a la Constitución–. La ALP no debe empujar esa salida, pero sí prepararla: de activarse, el sucesor debe asumir un mandato explícitamente transitorio, comprometido a convocar elecciones generales en plazo definido y a gobernar en cogobierno efectivo con la mayoría de Libre, Unidad y Súmate, que debería fijar de antemano gabinete técnico consensuado, continuidad con el FMI y renuncia expresa a usar el poder transitorio con fines electorales propios. Sin esas garantías, la transición repetiría los mismos vicios que hoy paralizan al Gobierno. Nada de esto garantiza que Paz complete su mandato con autoridad plena. Es posible que la crisis de confianza que rodea a su figura siga deteriorándose sin remedio. Pero Bolivia no tiene el lujo de esperar a que esa historia se escriba antes de actuar: necesita combustible, dólares, financiamiento y estabilidad social ahora, no cuando se resuelva la suerte política de Paz. Y la única institución con legitimidad, mandato constitucional y capacidad de intervenir de inmediato para evitar que la crisis del Gobierno se convierta en crisis del Estado es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso la pregunta ya no es solo si Paz puede salvar su Gobierno, sino si la ALP –y la eventual alianza entre Libre, Unidad y Súmate que le daría gobernabilidad– está dispuesta a asumir, con seriedad y sin cálculo electoral de corto plazo, el papel de garante institucional que la circunstancia exige. Porque si la Asamblea también fracasa, entonces sí estaremos ante un escenario verdaderamente irreversible: no solo el de un Gobierno debilitado, sino el de un Estado que perdió, a la vez, a su Ejecutivo y a su Legislativo como instrumentos capaces de conducir la crisis. Rodrigo Paz puede estar cerca de agotar su margen de maniobra, pero Bolivia todavía no ha agotado el suyo. Y esa diferencia, en las próximas semanas, puede terminar siendo la más importante de todas. Carlos Ibáñez Meier es PhD en Economía. Tags: