Sánchez se acerca (y le acercan) al banquillo

La crisis de Ceuta se ha judicializado. El Ministerio Público, representado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ha informado a la jueza María Tardón de que procede investigar la avalancha sobre la ciudad por la posible comisión de varios delitos. Y la Fiscalía General, en un comunicado, abre la posibilidad de que en la causa se averigüe también si se ha cometido alguna de las infracciones tipificadas en los artículos 589 y siguientes del Código Penal, relativas a la paz y la independencia del Estado. En el procedimiento se ha personado la ciudad autónoma. Este movimiento, primero de la jueza y luego de la Fiscalía, representa palabras mayores. Asunto muy grave. Gravísimo. Por eso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trató de arrojar dudas en una carta dirigida a la presidenta del CGPJ sobre la estratégica decisión de la jueza de reclamar a la Policía Nacional un informe sobre quién, o quiénes, fue o fueron el o los instigadores (autoría, cooperación necesaria, inducción) de la invasión (sí, invasión) de la ciudad autónoma de Ceuta los días 30 y 31 de julio. En el texto —absolutamente inédito y falsamente sorprendido—, el ministro, y también juez de carrera, afeaba a María Tardón que hubiera preservado el secreto de las actuaciones, advirtiendo a la Policía Judicial de su deber de confidencialidad hasta la emisión del dictamen que le solicitó. Una decisión idéntica a la que él tomó en 2006 con motivo de la instrucción del 'caso Faisán'. La respuesta a esa carta de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, y el acuerdo unánime de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional han sido fulminantes: no hay nada que reprochar a la magistrada, sino todo lo contrario. Y por eso, de nuevo, el responsable último de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el ministro del Interior, vuelve a quedar desairado, en una situación personal y política que, por repetida, no parece que le haga ya mella en su propia estima. Por la naturaleza presuntamente delictiva de los hechos ocurridos en Ceuta el pasado mes de julio, se explica también el desmarque de Margarita Robles, ministra de Defensa, responsable política del Centro Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas. La exmagistrada de la Sala Tercera del Supremo captó de inmediato que el asalto a Ceuta podía implicar responsabilidades no solo políticas y se posicionó de tal manera que no pudieran alcanzarle. Por eso, en una crónica muy aclaratoria de Inma Carretero en el diario El País del pasado viernes, fuentes gubernamentales sostienen que la actitud de la responsable de Defensa "compromete al presidente". Y ciertamente lo hace, porque su tesis de que los servicios de inteligencia sí detectaron la invasión y sí avisaron de la avalancha precariza por completo la versión del ministro del Interior, competente en la defensa de las fronteras, y del propio Pedro Sánchez, que negaron, ambos con insistencia, tanto la implicación de Marruecos como los avisos de la Policía y el CNI. TE PUEDE INTERESAR Opinión El sanchismo entra en modo "gore" POR Pablo Pombo Un efecto desastroso de la supresión de la responsabilidad política como medio para depurar los errores, las incompetencias y las omisiones de los cargos públicos, y que implica la renuncia o el cese, consiste en derivar hacia lo criminal comportamientos cuyo enjuiciamiento debiera ser más político que judicial. Algo de esto podría estar ocurriendo aquí. Sucede también que la deriva del sistema parlamentario a otro presidencialista, que es la que ha procurado Pedro Sánchez, concentra sobre él todas las responsabilidades, absorbiendo las de sus ministros y cargos del partido. Él lo ha querido así y está pagando una enorme factura en términos personales, institucionales y políticos. El aval que, por sistema, presta a los ministros más reiteradamente torpes de su gabinete (Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Óscar López, entre otros), a sus subordinados en el PSOE (la gerente, Ana Fuentes, imputada; Ábalos, condenado; Santos Cerdán, en capilla, y los actuales responsables orgánicos, que se exhiben con un escasísimo nivel) y a sus colaboradores vinculados por lazos de amistad (Juan Manuel Serrano, Antonio Hernando, por citar a dos representativos) es para él un lastre, por más que suponga que es un activo de su liderazgo. TE PUEDE INTERESAR Opinión ¿Es Sánchez capaz de todo? III República e inviolabilidad POR Juan Fernández-Miranda Pese a que Pedro Sánchez salió exangüe del pleno del Congreso del pasado jueves, resiste en la Moncloa. ¿Por qué, cuando el tiempo juega en su contra? Porque lo único que le interesa, sea a su favor o en su contra, es la protección, día a día, que le brinda su cargo. Este rasgo es muy típico del presidencialismo de perfil autocrático. Lo explica con mucho rigor el reciente y recomendable ensayo de Susan C. Stokes, titulado Los regresores. Líderes que erosionan sus propias democracias. La catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Chicago dice que las motivaciones de estos líderes autoritarios para serlo son varias: además de la convicción de que sin ellos sobrevendría la catástrofe, del odio (sic) a la oposición y de su inclinación natural y temperamental al ordeno y mando, señala como esencial la de "evitar ser procesados" (página 54), que es, según esta académica, una "poderosa ventaja". Es el caso de Pedro Sánchez. Catedráticos de Derecho Constitucional como Pedro Cruz Villalón (en El País) y Eloy García (en El Confidencial), y también Ana Carmona, han explicado con serenidad técnica cómo el presidencialismo es una mutación de nuestro sistema político que conlleva consecuencias muy serias que en la Moncloa los spin doctors no han valorado bien. Arrumbar la responsabilidad política (que hubiera protegido al presidente de haberse desprendido a tiempo de colaboradores, bien indeseables, bien incompetentes) ha sido un grave error; moverse en el escenario institucional con una actitud colonizadora y despótica y no buscar el amparo del Parlamento, así como granjearse enemigos a barullo dentro y fuera y, lo más grave aún, establecer con el Rey y la Corona una suerte de estúpida competición, le han arrojado a la más estricta soledad. Es de esa concepción personalista e impositiva de la que derivan buena parte de los males que padece. Todas estas circunstancias hacen que el sistema localice medidas de autodefensa. Y como la responsabilidad política no existe, solo queda la judicial, la que se dirime en los tribunales. Por eso, la crisis completa por la que atraviesa el presidente —los casos de corrupción que le afectan familiarmente (su hermano, su mujer), en los que mantiene posiciones numantinas irrazonables, como en el caso de Rodríguez Zapatero; los de sus designados en las instituciones (García Ortiz), en el partido y en el Gobierno, en el que asume y avala tanta incompetencia— le acerca al banquillo tanto por la propia fuerza de los acontecimientos (la invasión de Ceuta) como por los empujones de la oposición. TE PUEDE INTERESAR Ceuta retrata la soledad de Pedro Sánchez en el Congreso y de Margarita Robles en el Gobierno POR Ana Sánchez Borja Negrete Ceuta es el turning point de la legislatura, que va a terminar para él muy desgraciadamente. Y no será porque las Cortes le censuren ni porque reclamen la aplicación del artículo 102 de la Constitución. Será como resultado de su ambición descontrolada, de la desmesura de un liderazgo que ha ejercido con una temeridad para la que jamás hubo contención alguna.