José Antonio Cordón: Vergüenza

La muerte del criminal de guerra Ratko Mladić en La Haya invita a preguntarnos qué queda de aquella aspiración según la cual ningún poder debía ... situarse por encima de la ley. El antiguo jefe militar serbobosnio murió bajo custodia de Naciones Unidas, condenado a cadena perpetua por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, de modo que ni el uniforme, ni la obediencia debida, ni la retórica patriótica lograron servirle de coartada. En julio de 1995, sus tropas ocuparon Srebrenica, enclave declarado seguro por Naciones Unidas, y separaron a los hombres y muchachos bosnios de las mujeres, los niños y los ancianos. Más de 8.000 fueron asesinados y buried en fosas comunes, algunas reabiertas para ocultar las pruebas. Aquella operación sistemática de exterminio explica que la condena de Mladić significara mucho más que una pena individual: aunque la justicia jamás restituye lo irreparable, puede impedir que el crimen se incorpore a la normalidad política y convertir la memoria herida de las víctimas en hechos probados. Ahí comienza la vergüenza: en la distancia entre los principios proclamados y las prácticas toleradas. La sentimos cuando las instituciones que hablan en nuestro nombre traicionan los valores con los que se legitiman, contradicción especialmente visible en un Occidente que invoca los derechos humanos mientras los administra según fronteras, alianzas y conveniencias. Cuando la universalidad se convierte en privilegio, la justicia deja de ser un principio y se transforma en ceremonia para los enemigos derrotados. Gaza representa el abismo entre esa norma y la realidad. En agosto de 2026, Naciones Unidas recogía 73.388 palestinos muertos, entre ellos 21.283 niños y 10.983 mujeres. Las cifras poseen una exactitud insoportable. Srebrenica y Gaza responden a configuraciones jurídicas distintas, pero interpelan el mismo principio: la vida humana debería conservar idéntico valor con independencia del verdugo, la víctima y las alianzas que lo protejan. Los asesinatos y secuestros cometidos por Hamás fueron crímenes atroces, pero condenarlos exige rechazar el castigo colectivo de la población palestina, pues el derecho humanitario perdería su sentido si los delitos de una parte concedieran a la otra licencia para matar. Una comisión de Naciones Unidas concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza, mientras sobre Netanyahu pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. A pesar de ello sigue empeñado en condenar a los palestinos al exterminio y la desaparición, en arrojarlos al agujero negro de la historia. Ceuta muestra, en otra escala, la misma bancarrota moral. Hombres, mujeres y niños, marroquíes y subsaharianos, que han atravesado fronteras empujados por el hambre, la violencia o la desesperación se han convertido en materia de confrontación partidista. La presión sobre los servicios públicos exige recursos y debería suscitar una respuesta colectiva. Sin embargo, ha provocado una competición para determinar qué territorio se desentiende antes, como si España solo supiera responder a una situación elemental de humanidad mediante cálculos administrativos y consignas electorales. En medio de esa emergencia resulta patético contemplar a dos ministros discutiendo si los servicios de inteligencia advirtieron la llegada masiva y si actuaron en consecuencia. Determinar responsabilidades es obligado, pero utilizar la investigación para aplazar el auxilio resulta obsceno. Igual de penosa es la romería de salvapatrias que visitan la ciudad, ofrecen su fórmula infalible, se fotografían en medio del desastre y regresar satisfechos, como si el sufrimiento ajeno fuese un mero decorado electoral. Durante un incendio, la prioridad consiste en rescatar a quienes peligran; los políticos prefieren discutir sobre quién encendió la llama. Según el proverbio atribuido a Confucio, «cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo». En Ceuta, la luna son los seres humanos abandonados; el dedo, la disputa sobre quién ignoró un informe o desencadenó el cruce multitudinario de la frontera. Los acontecimientos muestran hasta dónde conduce esa descomposición. Decenas de manifestantes irrumpieron en las calles de Ceuta, quemaron refugios de migrantes e impidieron el paso de la Cruz Roja; la noche anterior, centenares de personas habían intentado agredir a quienes permanecían en la playa del Trampolín. La inquietud vecinal y los delitos individuales requieren una respuesta firme del Estado, pero jamás legitiman la persecución colectiva. Cuando una multitud aplaude mientras arde lo poco que otros poseen, la protesta se transforma en cacería y el miedo, en odio. La desatención gubernamental ha dejado un vacío que los demagogos llenan con palabras capaces de convertir a personas vulnerables en enemigos públicos. Los brotes de intolerancia, racismo y xenofobia no surgen espontáneamente: son la consecuencia previsible de un populismo que explota el miedo, falsifica la realidad y transforma el desamparo ajeno en amenaza contra la comunidad. Sus proclamas quizá no prendan la cerilla, pero saturan de combustible el espacio público, legitiman el prejuicio y señalan a quienes deben cargar con la frustración colectiva; después llega el fuego real. Entretanto, los partidos discuten cuántos menores corresponden a cada comunidad como si repartieran una sustancia tóxica, mientras quedan niños sin familia expuestos al hambre. El acrónimo mena participa de esa degradación cuando se transforma en palabra hostil, porque el niño desaparece detrás de la categoría, su biografía queda reducida a una procedencia y su vulnerabilidad se reinterpreta como peligro. Emmanuel Lévinas situó la responsabilidad en el rostro del otro, que nos obliga antes de cualquier cálculo. Llamar 'invasor' a quien huye del hambre convierte a la víctima en agresor y absuelve a quien cierra la puerta. La contradicción alcanza su expresión más obscena cuando Europa invoca sus raíces cristianas mientras negocia la compasión como concesión presupuestaria; quien proclama esa herencia y demoniza al menor extranjero la profana. Judith Shklar situó la crueldad entre los mayores males políticos, y Avishai Margalit definió la sociedad decente como aquella cuyas instituciones evitan humillar. Ceuta enfrenta a España con esa prueba de decencia. Mladić ha muerto condenado, y su muerte recuerda una justicia capaz de alcanzar al poderoso; Gaza y Ceuta, en cambio, nos devuelven a un deber más primario, porque antes de tribunales, leyes y fronteras existe la obligación de reconocer al otro como ser humano. Una sociedad que discute dónde colocar a un niño y apenas se pregunta cómo protegerlo ha extraviado algo más profundo que la solidaridad: ha perdido la ética. Y esa pérdida constituye nuestra mayor vergüenza.