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Lo advertimos hace semanas y el calendario no entiende de discursos políticos: septiembre ha llegado y los niños tienen que volver al colegio. El Gobierno asegura que el curso comenzará con normalidad el 8 de septiembre y anuncia seguridad en los centros. Pero mientras desde Madrid pronuncian la palabra «normalidad», en Ceuta hay padres y profesores preocupados, escuelas infantiles cuya apertura se retrasa y familias preguntándose algo tan elemental como si podrán llevar a sus hijos tranquilamente a clase. Cuando un padre empieza a plantearse dejar a su hijo en casa por miedo, la normalidad existe solamente en el argumentario.
El ejemplo más evidente está en Los Rosales. El Gobierno plantea habilitar un espacio temporal para aproximadamente 900 migrantes junto a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, donde estudian 176 pequeños de entre cero y tres años. Vecinos, familias y docentes han protestado y algunos intentaron paralizar los trabajos; el comienzo del curso en ese centro se ha retrasado hasta el 28 de septiembre. No estoy diciendo que 900 personas sean 900 delincuentes, porque eso sería falso e irresponsable. Estoy diciendo algo mucho más sencillo: ¿era realmente imposible encontrar una ubicación que no añadiera todavía más preocupación alrededor de una escuela infantil?
Y ahora viene el segundo problema: los menores extranjeros también tienen derechos y deben recibir protección y educación. Perfecto. ¿Dónde están las plazas, profesores, aulas, medios y planificación necesarios? Escolarizar no consiste en colocar otra silla donde físicamente ya no cabe. Tampoco podemos convertir a los niños migrantes en culpables de un problema que ellos no han creado, ni pedir a las familias ceutíes que simplemente acepten cualquier improvisación. Precisamente por eso hacía falta un plan desde el principio: capacidad educativa extraordinaria, recursos adicionales, atención sanitaria y social y distribución ordenada de los menores cuando legalmente corresponda. No improvisarlo cuando ya suena el timbre del colegio.
Y hay algo especialmente revelador. Juan Vivas dijo que los polideportivos debían quedar fuera de la acogida y finalmente Ángel Víctor Torres anunció que serían retirados del listado y sustituidos por otros espacios. Bien. Eso demuestra que cuando existe presión suficiente, aparecen alternativas. Pues aplíquese el mismo criterio a los colegios y escuelas infantiles. Los niños ceutíes tienen derecho a recuperar sus clases, instalaciones deportivas y vida cotidiana; y los menores migrantes tienen derecho a una atención digna. Defender una cosa no exige destruir la otra.
Y aquí vuelvo al llamado mando único. Ángel Víctor Torres puede coordinar ministerios y administraciones, pero una crisis de esta dimensión necesita liderazgo presidencial, no solamente delegación. El Gobierno ha movilizado 309 millones de euros, reforzado determinados servicios y asegura estar preparando la normalidad escolar. Esas medidas existen y hay que reconocerlas. Ahora tienen que funcionar sobre el terreno. Porque gestionar no consiste en anunciar millones desde una rueda de prensa: consiste en conseguir que el lunes una madre pueda dejar a su hijo en el colegio sin preguntarse qué encontrará alrededor cuando vuelva a recogerlo.
Señor Sánchez, deje por un momento el «minuto uno», el «minuto cero», los bulos y la batalla parlamentaria. Póngase el mono de trabajo y presente un plan comprensible para Ceuta: cuántas personas permanecen realmente en la ciudad, dónde serán alojadas, qué ocurrirá con los menores, cómo se garantizará la escolarización, qué seguridad habrá alrededor de los centros y cuál es el calendario para recuperar la normalidad. Ceuta no necesita otra explicación de lo que ocurrió en julio. Necesita saber qué va a ocurrir el lunes.
No es xenofobia preguntar cómo van a volver nuestros hijos al colegio. Xenofobia sería culpar al extranjero por ser extranjero. Exigir seguridad, planificación y derechos para todos se llama gobernar.
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