Laicidad o censura

Parece abrirse paso en Colombia una interpretación cada vez más restrictiva de la libertad religiosa y de la laicidad, según la cual quien ejerce una función pública debería silenciar su fe y dejar sus convicciones religiosas, e incluso morales, en la puerta de su despacho. Así lo creen algunos jueces. En realidad, el ordenamiento jurídico colombiano no prohíbe que los funcionarios públicos expresen sus convicciones religiosas. Colombia es, ciertamente, un Estado laico y tiene un deber de 'neutralidad' frente a las distintas confesiones, pero dicha neutralidad no significa indiferencia ni hostilidad del Estado frente al hecho religioso. Al respecto, la Ley Estatutaria 133 de 1994, que regula el ejercicio fundamental de la libertad religiosa, consagrado en el artículo 19 de nuestra Constitución, es particularmente clara al afirmar que el Estado colombiano no es ateo, tampoco agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. Esa misma ley ordena a los poderes públicos proteger las creencias religiosas y facilitar la participación de las iglesias y confesiones en la esfera pública y en la consecución del bien común, favoreciendo un clima de diálogo positivo y de colaboración. La neutralidad estatal del Estado colombiano no significa; por tanto, expulsar la religión del espacio público. Nuestra laicidad no es hostilidad frente a la religión. Nuestro pluralismo no es censura. Un funcionario público sigue siendo ciudadano y conserva sus derechos fundamentales: libertad de conciencia, libertad de expresión y libertad religiosa. Naturalmente, debe ejercer estos derechos con respeto y prudencia, teniendo en cuenta las especiales responsabilidades de su cargo en el marco de una sociedad diversa y plural. El ejercicio de los derechos implica, en efecto, asumir deberes y responsabilidades. Una democracia madura no obliga a sus ciudadanos y funcionarios a esconder sus creencias y diferencias. Les enseña a convivir con ellas desde el respeto. Colombia necesita más respeto y pluralismo, no menos libertades. MONSEÑOR PEDRO F. MERCADO CEPEDA Presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá y capellán del Congreso de la República