Transparencia en el Servicio Provincial de Educación de Huesca

Como docente intento enseñar a alumnas y alumnos, además de prevención de riesgos laborales, nóminas o derecho del trabajo, a que sean personas respetuosas, libres, con espíritu crítico y capaces de defenderse ante las injusticias propias o ajenas. Hoy, como ejemplo, voy a expresar mi opinión ante lo que considero que es un abuso: la desproporcionada gestión de expedientes disciplinarios desde la inspección educativa de Huesca, provincia en la que actualmente ejerzo mi docencia. Con datos trasladados desde la Consejería de Educación, Huesca ocupa un destacado primer lugar con más de 48 expedientes incoados, 20 de los cuales se han iniciado en 2026 y 7 de estas acciones disciplinarias han sido llevadas a cabo en el IES Ramón y Cajal de Huesca. Por el contrario, el total de expedientes cursados en las provincias de Zaragoza y Teruel han sido de 21 y 11 respectivamente. Que en nuestra provincia se expediente más que en todo el resto de Aragón junto, pese a que Zaragoza multiplica por cinco o seis nuestro profesorado, demuestra de manera irrefutable que no estamos ante una gestión normal, sino probablemente ante un uso desmedido de la potestad disciplinaria. Y no es casualidad que el IES Ramón y Cajal acumule hasta 7 expedientes disciplinarios. Hay que recordar que en este centro hace casi dos años se denunciaron unos hechos por los que se exigía, precisamente, una investigación al jefe de Inspección educativa, por presunto abuso de poder y prevaricación. Esta situación salió a la luz pública por varias vías y a través de distintas personas. En concreto una de ellas hoy expedientada, a pesar de ser delegado electo de la junta de personal docente no universitario, afrontando supuestas faltas graves y muy graves, por defender la transparencia de la administración y criticar dichos hechos, cumpliendo con su obligación como representante coherente y ético de CGT, sindicato que ha insistido en la necesidad de terminar con esta irregularidad consentida desde arriba. Sinceramente creo que ha llegado el momento de investigar con rigor este presunto abuso de poder por parte de la Jefatura de Inspección Educativa de Huesca, denunciado desde la representación legal de los trabajadores y trabajadoras de enseñanza y desde espacios políticos. De lo contrario este apoyo institucional que permite que quien supuestamente ha incumplido siga utilizando su poder de manera injusta, desacredita la praxis política desde las instituciones. Exigir la transparencia de la administración es la única vía para fortalecer nuestra democracia, una democracia real que nos exige a todas las personas dar un paso en su defensa si vemos estas injusticias y silencios institucionales. Invito a la nueva Consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, doña Carmen Susín Gabarre, a que defienda la transparencia exigible en nuestro departamento, investigando por fin la verdad de los hechos ocurridos en el IES Ramón y Cajal sobre la intervención del Jefe de Inspección, antes de que expire el plazo legal, a la vez que impida que prospere esta persecución a los representantes legales de los trabajadores y a los docentes que denunciaron y denuncian estos abusos de poder en Huesca.