Multilateralismo, derechos humanos y el quechua: la deuda digital pendiente

Multilateralismo, sistema de cooperación mediante el cual tres o más Estados actúan conjuntamente, a través de organismos internacionales y tratados compartidos, para atender problemas que ya no pueden resolverse desde una sola soberanía: el comercio, el clima, la paz, la salud. En el terreno de los derechos humanos, ese mismo principio significa algo preciso: los derechos fundamentales dejan de ser un asunto interno de cada país y se convierten en un compromiso universal, sostenido en cuatro pilares —universalidad de los derechos, un cuerpo normativo internacional (la Declaración Universal de 1948, el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), una soberanía que acepta supervisión externa y el diálogo entre iguales—. Bajo ese marco, los Estados deben garantizar que los pueblos originarios puedan desarrollarse sin renunciar a su lengua. Ahí aparece el quechua, postergado. Ninguna lengua es intrínsecamente incapaz de nombrar la tecnología: el castellano incorporó 'computadora' y 'escáner', igual que el quechua puede incorporar sus propios neologismos. Que no lo haya hecho no es un rasgo natural del idioma, sino el resultado de una exclusión institucional sostenida. La Declaración de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo (1986) y el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de la UNESCO (2022-2032) apuntan en esa dirección: la vitalidad de una lengua depende también de su presencia en los nuevos espacios de conocimiento y comunicación, incluido el ciberespacio. Negarle esa presencia significa condenarla a una pérdida de funcionalidad. Perú lo reconoce solo a medias. El artículo 48 de la Constitución declara como primera lengua al quechua y al aimara en las zonas donde predominan; el artículo 2, inciso 2, prohíbe la discriminación por idioma. Pero esa oficialidad se ha quedado en lo superficial: no existe un ecosistema tecnodigital ni productivo en quechua, y la educación intercultural bilingüe no incluye suficientemente conceptos de tecnología, economía, emprendimiento ni Estado. El resultado: es pobreza y pobreza extrema, hasta 20% de los varones y 30% de las mujeres jóvenes del sur andino ni estudian ni trabajan, frente al 10% en la Costa (igualmente alto). El Convenio 169 de la OIT refuerza esta obligación: su artículo 26 exige garantizar educación en igualdad de condiciones, y su artículo 27 establece que los programas educativos deben desarrollarse en cooperación con los propios pueblos. Hace treinta años comprobamos que era posible comenzar a cerrar esa brecha. En 1996, en el colegio Mariscal Cáceres de Ayacucho, niños quechuahablantes se sentaron frente a una computadora y programaron en su propia lengua. El programa era LOGO, la tortuga que dibujaba siguiendo instrucciones; esta vez, las instrucciones estaban en quechua. Detrás de esa pantalla había un trabajo de creación de vocablos tecnológicos en quechua, bajo la lógica de Sócrates, que decía que, frente a algo desconocido, hay que preguntarse, qué es, para qué sirve y de qué está hecho, construyendo vocablos técnicos desde la propia estructura del idioma, para que el estudiante entendiera el concepto y no solo repitiera una palabra prestada. Ese rigor llevó al INALCO de París a respaldar la iniciativa como una demostración de la capacidad del quechua para incorporar conceptos tecnológicos, mientras el MIT Media Lab —cuna de Scratch— respaldó la adaptación tecnológica del proyecto y utilizó las palabras creadas para la versión 73, en quechua, del Scratch. La prueba de campo llegó con Beca 18: 400 jóvenes de dos promociones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Puno fueron formados durante tres años bajo esta metodología, incorporando su lengua materna al aprendizaje, sin perder rendimiento ni retención académica. En una región donde hasta el 30% de las mujeres jóvenes ni estudia ni trabaja, este resultado demuestra que la barrera nunca estuvo en el quechua, sino en la ausencia de herramientas tecnológicas y educativas capaces de incorporarlo. La evidencia reunida demuestra que la pobreza y la inactividad laboral en el sur andino no pueden atribuirse a un problema cultural ni idiomático. Existe una deuda institucional que durante décadas ha limitado la actualización lingüística y tecnológica de millones de peruanos, tal como lo planteó recientemente Ántero Flores-Aráoz en un artículo. La alfabetización tecnodigital en quechua es, por tanto, una inversión con retorno económico y social medible y una obligación vinculada a los derechos humanos dentro de los marcos multilaterales asumidos por el Perú, en convenios con la OIT y la ONU. En el 2021 el Ministerio de Cultura declaró la propuesta digital en quechua como una contribución ciudadana al Bicentenario y el 2024 el Parlamento Andino recomendó su aplicación a todos los ministerios de sus países miembros. Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.