Santiago Iribarren: El Gobierno vasco y las 'normas multa'

¿Se imagina que, al pasar la ITV de su vehículo, la Administración le obligara a costear el estudio del estado de las carreteras de ... su localidad? Es la nueva medida que ha implantado el Gobierno vasco para las Inspecciones Técnicas de los Edificios, más conocidas como ITEs. A partir de ahora, la ITE de cualquier inmueble deberá incluir el análisis de las condiciones de accesibilidad del entorno urbano en 100 metros a la redonda. O sea, de las calles y plazas más cercanas, en un área de acción de unos 31.400 metros cuadrados. Cada comunidad, o cada vivienda unifamiliar, queda así obligada a asumir el precio de estudiar cuál es la pendiente longitudinal y transversal de esas calles, su anchura y altura libres de obstáculos, si sus pavimentos tienen badenes o rebajes en los cruces, si hay baldosas podotáctiles, si los semáforos tienen señalización acústica, si el nivel de luminosidad del alumbrado público es el correcto, si el mobiliario urbano y/o las paradas de autobús están adaptadas, etc. Cuestiones que no competen a los propietarios de los edificios, y sobre las que nada pueden hacer. No se trata de cuestionar que el entorno urbano influya en la accesibilidad real de las personas. Una acera estrecha, un cruce sin rebaje o una discontinuidad en un itinerario accesible pueden, sin duda, dificultar el acceso a uno o varios edificios, del mismo modo que a la parada del autobús o al parque al que queremos llegar. Sin embargo, se trata de carencias del espacio público que deben ser abordadas por las administraciones correspondientes, no por las comunidades de propietarios. Lejos de resolver estos problemas, la nueva medida generará ineficiencias que hasta ahora no existían. Por ejemplo, que las ITE de portales adyacentes tengan que estudiar zonas casi idénticas, generando informes redundantes. O que los inmuebles ubicados en el borde de un término municipal tengan que entregar en su ayuntamiento el análisis de zonas urbanas del municipio colindante. No parece la forma más racional de obtener información sobre la accesibilidad urbana. ¿Qué objetivo tiene todo esto? Según el Gobierno vasco, otorgar a cada edificio una calificación relativa a un nuevo «sello de accesibilidad» que mostrará hasta qué punto es accesible el inmueble en cuestión. Un sello o etiqueta más, que se sumará a los ya existentes en el campo de la eficiencia energética. Sin embargo, quizá la respuesta completa sea otra: la transferencia de responsabilidades de la administración al administrado, que acabará costeando de forma directa no solo sus obligaciones sino también las que corresponden a las entidades públicas. Y es que, según la Estrategia de Accesibilidad Universal de Euskadi, todos los municipios vascos están obligados a contar con un Plan de Accesibilidad Municipal en vigor, exigencia que solo cumple el 15,5% de ellos. La finalidad de estos planes es, precisamente, garantizar la accesibilidad de todos los espacios urbanos y edificios de titularidad, uso o servicio públicos. Es, por tanto, la administración la que debe atender sus obligaciones elaborando y actualizando estos planes, evaluando cada calle una sola vez y de manera coherente con el conjunto de la trama urbana, en lugar de endosar esta tarea a cada uno de los portales que estén a menos de 100 metros de distancia. También le corresponde, una vez detectadas las deficiencias, adecuar de forma ágil los espacios urbanos a las normas de accesibilidad. En ausencia de esta acción eficaz, el Gobierno vasco incrementa la burocracia forzando a las comunidades de vecinos a estudiar espacios públicos sobre los que no tienen competencia alguna. Sin este requisito, no podrán entregar la ITE, un deber legal sancionable en caso de incumplimiento. Como ocurre con frecuencia, la iniciativa es unilateral, parte del Gobierno y no surge del debate con los colectivos profesionales que trabajamos en la materia. De haberse producido este diálogo, quizá la atención se habría dirigido hacia cuestiones más relevantes y directamente relacionadas con los edificios. Por ejemplo, cómo gestionar la renovación de los inmuebles más deteriorados que ya han agotado su vida útil, con problemas insalvables en su estructura, en los que habitan las personas más vulnerables y a los que la regulación actual de las ITE deja sin respuesta. Abordar desafíos de esta naturaleza facilitaría la labor de explicar a la ciudadanía el sentido de las normas, sus objetivos y los beneficios que generan. En cambio, cuando la percepción generalizada es que se incrementan los costes sin que exista una mejora tangible de los servicios o de las condiciones de vida, las nuevas obligaciones acaban percibiéndose como una sanción administrativa, como una 'norma-multa'. También firman este artículo: Pablo Ortiz de Zárate, presidente de la delegación en Álava del COAVN; Pablo Nistal, presidente de la delegación en Bizkaia del COAVN; Edurne Aperribay, presidenta de la delegación en Gipuzkoa del COAVN; y Sara Velázquez, presidenta de la delegación en Navarra del COAVN.