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'En estos episodios violentos quisiera referirme a la cobarde agresión registrada el pasado 30 de agosto contra la comandancia de la policía municipal de Ojo Caliente', señaló el titular de la SSPC, 'en la que fue utilizado un artefacto explosivo colocado en un vehículo que provocó lesiones a integrantes de la corporación y a civiles, además de diversos daños materiales',
En México nos hemos acostumbrado a la barbarie. 'De acuerdo con las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas', continuó, 'alrededor de las 7:50 de la noche se detonó un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo que contaba con reporte de robo en Jalisco. Las primeras diligencias estiman que se usaron aproximadamente 200 kg de material explosivo. La agresión dejó 11 personas lesionadas; también provocó daños severos en 10 viviendas, daños menores en otras 53 y afectaciones en 15 vehículos, además de los daños ocasionados a las instalaciones de la corporación, unidades particulares y patrullas'.
Lo que pasó en Zacatecas fue un acto de terrorismo aunque las autoridades se nieguen a reconocerlo. como también lo fueron los atentados en Coahuayana, en 2025, o en Acámbaro en 2024. Y deberían de hacerlo, porque forma parte de nuestro orden jurídico: 'Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión', señala con claridad el artículo 133 de nuestra Carta Magna. 'Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas'.
En este sentido, cobra relevancia el artículo 2 del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, emitido por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1997 y ratificado por nuestro país en enero de 2003. 'Comete delito en el sentido del presente Convenio quien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura', señala el ordenamiento que, cabe recordar, se encuentra por encima del propio Código Penal Federal. 'a) Con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales o b) Con el propósito de causar una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico'. De tintes ideológicos, o sobre la intención del atentado, ni media palabra.
'Su trabajo ha sido extraordinario, formidable', declaró el gobernador de la entidad afectada, con zalamería manifiesta, en la misma conferencia de prensa. 'No claudique, no desista en su estrategia que compartimos millones, millones de mexicanos y que hoy de manera diligente, inteligente, valiente, está llevando usted a lo largo y ancho de nuestra República', expresó. 'Es normal', afirmó su hermano y coordinador de Morena en la Cámara de diputados al referirse al atentado terrorista. 'Señal clara que se está combatiendo al crimen', añadió el fundador del cacicazgo zacatecano. La ciudadanía, mientras tanto, sigue estando expuesta a los atentados.
La ley es la ley, aunque la autoridad no quiera cumplirla. La ley es la ley, aunque nos encontremos en la renegociación de los acuerdos comerciales y las calificadoras estén a punto de rebajar a nuestro país al nivel de una 'inversión basura'. La ley es la ley, aunque se aproximen las elecciones intermedias y al partido en el poder no le convenga aplicarla. La ley es la ley, y lo ocurrido en Zacatecas es un acto de terrorismo. Éste, y no otro, es el país en el que vivimos.
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