Democracia, dinero y poder

Avanzamos hacia una nueva jornada electoral en un escenario político particularmente complejo, en un país marcado por la inseguridad, corrupción, expansión del crimen organizado, captura de delincuentes, condenas a exautoridades, evasión de la justicia y alerta roja por el fenómeno de El Niño. En estas circunstancias, la democracia no puede reducirse al acto mecánico de depositar una papeleta en la urna. Demanda, sociológicamente, ciudadanos más informados y candidatos altamente preparados. Existe una pregunta que debería acompañar a toda candidatura: ¿de dónde provienen los recursos con los que se financiará una campaña? Una campaña electoral, queridos amigos, cuesta mucho dinero. Cuando las economías criminales han demostrado capacidad para penetrar en distintos ámbitos de la sociedad, conocer quién financia esas campañas deja de ser un asunto secundario para convertirse en una obligación colectiva. Publicidad El Consejo Nacional Electoral dispone actualmente de mecanismos de fiscalización, registro de contribuciones, control del gasto y transparencia del financiamiento. Pero ninguna institución puede sustituir la vigilancia y participación ciudadana; tenemos –todos– potestad para preguntar, investigar y exigir explicaciones. El derecho constitucional a ser candidato no significa inmunidad frente al escrutinio público. El problema, sin embargo, no está solo en quienes aspiran al poder. También está en nosotros, los electores. Con frecuencia condenamos la corrupción, pero votamos sin conocer trayectorias; cuestionamos la improvisación, pero elegimos por simpatía, amistad, compromisos personales o por una fotografía o un video. Confundimos popularidad con capacidad y propaganda con propuesta. La democracia exige derechos, pero también responsabilidades. Por eso, antes de votar debemos revisar hojas de vida, antecedentes, planes de trabajo y equipos humanos; debemos comparar propuestas y preguntarnos si aquello que prometen corresponde realmente a las competencias de la dignidad que pretenden alcanzar. Publicidad Publicidad Una campaña responsable debería seguir una lógica académica elemental: diagnosticar los problemas, explicar las causas, determinar competencias y plantear soluciones concretas, financiables y verificables… con metas e indicadores. ¡Eso es hacer política con seriedad! Esto adquiere especial importancia en los gobiernos locales. Un municipio no puede transformarse en una agencia de empleos políticos, ni una prefectura en un centro de distribución de cuyes y semillas con fines electorales. El presupuesto público no es patrimonio de la 'autoridad circunstancial' ni mecanismo para pagar favores. ¡Es dinero de todos! Administrar una ciudad no consiste en inaugurar obras anodinas o colocar una delgada capa de asfalto sobre la tierra. El verdadero desarrollo urbano significa garantizar agua potable, alcantarillado, movilidad, transporte público, seguridad, espacios verdes, planificación territorial y calidad ambiental. Una ciudad bien gerenciada no es aquella que aparece colorida en las fotografías oficiales publicadas, sino aquella en la que sus habitantes pueden vivir con dignidad y tranquilidad. Por ello, las próximas elecciones constituyen una nueva y última oportunidad para recuperar la política como servicio y no como negocio. Necesitamos partidos con principios, candidatos con preparación académica, instituciones capaces de fiscalizar y ciudadanos deliberantes dispuestos a ejercer un voto reflexivo. (O) Eugenio Morocho Quinteros, arquitecto, Azogues