Colombia: El país que no quiere fracasar

Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James Robinson, no es solo un libro de economía. Es también un espejo. Y cuando Colombia se mira en él, encuentra una imagen incómoda, pero necesaria. La tesis de los autores es clara: los países no fracasan por su ubicación geográfica, su cultura o la falta de recursos. Fracasan cuando sus instituciones están organizadas para beneficiar a unos pocos y excluir a la mayoría. Prosperan, en cambio, cuando cuentan con instituciones inclusivas, capaces de permitir que las personas trabajen, emprendan, participen en las decisiones públicas y reciban protección efectiva de la ley. Colombia vive esa contradicción. Tenemos instituciones inclusivas en el papel, pero prácticas extractivas en la realidad. La Constitución de 1991, la Corte Constitucional, el Banco de la República y las elecciones periódicas son avances importantes. Sin embargo, todavía persisten estructuras de desigualdad que vienen desde la Colonia. La encomienda se convirtió en latifundio; el latifundio, en clientelismo; y el clientelismo, en un sistema en el que, muchas veces, resulta más rentable conseguir un contrato estatal o un favor político que crear empresa, innovar y generar empleo. Acemoglu y Robinson llaman a esto el 'círculo vicioso': el poder económico compra poder político y este, a su vez, protege los privilegios económicos. En Colombia se expresa en tierras concentradas e improductivas, contratos repartidos por cercanías políticas, cargos públicos usados como recompensa y sectores en los cuales algunos beneficios parecen reservados para pocos. También se evidencia en la ausencia estatal en muchas regiones. Hay un Estado fuerte para cobrar impuestos desde Bogotá, pero débil para garantizar seguridad, justicia, carreteras, educación y oportunidades en lugares como el Catatumbo, Cauca, Chocó o el Pacífico colombiano. Cuando el Estado no llega, aparecen otros poderes. La coca, la minería ilegal y los grupos armados ocupan ese vacío. Para un campesino, sembrar cacao puede ser una apuesta incierta: no tiene título de propiedad, crédito, vías para sacar su cosecha ni mercados seguros. La economía ilegal, aunque criminal, ofrece pagos rápidos y presencia permanente. Esa realidad no justifica la ilegalidad, pero ayuda a comprender por qué tantas comunidades terminan atrapadas en ella. ¿Qué se necesita? Primero, garantizar la propiedad rural mediante catastro multipropósito, formalización de títulos y vías terciarias. Un campesino con tierra legalizada y acceso al mercado tiene mayores posibilidades de construir un proyecto de vida digno. Segundo, fortalecer la presencia estatal en todo el territorio. No se trata de más trámites ni de centralismo burocrático, sino de justicia cercana, seguridad legítima y servicios públicos que funcionen. Tercero, desmontar los privilegios y las rentas que alimentan el clientelismo. Debe ser más fácil abrir una empresa en Quibdó que conseguir un contrato por recomendación política. Colombia no está condenada a fracasar. El país cuenta con emprendedores, universidades, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanos que exigen cambios. La Constitución de 1991 fue una coyuntura decisiva. El presente puede ser otra. Fracasar no es inevitable. Prosperar tampoco es cuestión de suerte: es una decisión colectiva.