Ni el PP ni Vox están dispuestos a dejar de lado lo que entienden como un filón electoral y una ocasión para subir el tono en la estrategia de acoso y derribo del Gobierno central que ambos vienen practicando desde el mismo día en que este se constituyó.
Al día siguiente de las concentraciones ante distintos ayuntamientos, el Consejo de Gobierno aprobó una declaración institucional de «apoyo a Ceuta» que, más allá de la soflama, evita concretar en qué se traduce dicho apoyo.
No obstante, al leer la parte en la que el Gobierno regional afirma que «la prioridad es restablecer, con carácter inmediato, la normalidad en Ceuta» y que «la Región de Murcia es un pueblo solidario y acogedor», he llegado a creer que a continuación vendría el párrafo en el que López Miras habría superado su habitual insolidaridad y deslealtad institucional y se postularía para acoger en la Región de Murcia a cuantos migrantes y, sobre todo, menores fueran necesarios para aliviar la situación de desboradamiento de los recursos asistenciales de la ciudad autónoma y del Estado y contribuir así a la deseada normalidad de su vida cotidiana.
Nada más lejos de la realidad. La solución que propone el PP es que «quien haya entrado irregularmente y sin control en territorio español debe ser devuelto a su lugar de procedencia conforme a la ley», dando a entender que esa devolución es inmediata y depende, en tanto que aplicación de la ley, de la voluntad política del Gobierno central, responsable final de la situación en Ceuta, según el PP.
Esta es la parte que deberían explicar públicamente López Miras y el PP, porque la aplicación de la ley -en este caso, la de Extranjería - prevé procedimientos administrativos y judiciales individualizados que, pese a la entrada en vigor del nuevo Reglamento, que rebaja los tiempos, tardarán semanas e incluso meses en resolverse. Algunos, como los procedimientos de asilo, se prolongan más de un año e incluso dos. Por ello, la solución realista no es otra que trasladar a la península a las personas pendientes de este triaje para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en función de su situación personal.
Si la presencia, de un día para otro, de entre 5.000 y 8.000 personas migrantes colapsa los sistemas de acogida y puede derivar en un problema de convivencia, su traslado a la península y reparto entre las distintas CC AA diluyen de inmediato esta posibilidad de conflicto. La pregunta es si la solidaridad de los Gobiernos autonómicos del PP llega hasta este nivel.
Porque el conflicto geoestratégico con Marruecos y sus derivadas hacia Israel y EE UU no debe opacar la crisis migratoria, humanitaria y de convivencia social en las que ha derivado esta situación, que requiere probablemente una actuación más acelerada e intensa del Gobierno central y que podría ser más efectiva si contara con la colaboración de los gobiernos de las CC AA.
Por otra parte, imagino que las presiones desde la UE para que estos migrantes no entren en el espacio Schengen de libre circulación no deben ser pocas, lo que obliga a España a resolver la crisis desde Ceuta. En este caso, la «solidaridad» del PP es compartida también por las derechas europeas, dejando, en realidad, solos a Ceuta y al Gobierno de España.
Ahora el sainete continuará en la Asamblea Regional, donde PP y Vox han registrado sendas mociones. El primero rebaja el lenguaje y ya no habla de invasión en ningún momento, eslogan que aireó en declaraciones previas a las concentraciones y repartió entre los presentes; el segundo, carga contra Marruecos como principal inductor del ataque -como califica la entrada masiva en Ceuta-, probablemente con razón, pero omite -y, con ello exculpa- la participación connivente y necesaria de Israel y EE UU cuya política geoestratégica Vox aplaude, especialmente de este último: léanse El Sáhara marroquí y Palestina israelí, además de apoyar las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.
Ya me lo explicaréis, Fernando y Rubén.
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