La hora de las instituciones

Luego de una década caracterizada por la inestabilidad política —10 presidentes y más de 300 ministros de Estado—, es importante reflexionar, debatir y reformar el pilar de la institucionalidad en el Perú. De acuerdo con el ranking mundial de competitividad que elabora el World Economic Forum (WEF), son cinco los pilares en los que el Perú aparece fuertemente rezagado: educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad. El de peor desempeño es este último, en el que aparecemos en la posición 94 de 141 países. Entendamos la institucionalidad como el conjunto de normas, reglas de juego e instituciones que aseguran predictibilidad, derecho de propiedad y desarrollo sostenible del país. Ello implica garantizar el equilibrio de poderes, un sistema meritocrático y una justicia confiable. En algún foro empresarial preguntamos irónicamente a la audiencia: '¿Qué creen que pasaría si todos los ministros y congresistas de aquel momento se fueran a su casa durante seis meses?'. Muchos respondieron que no pasaría nada. La evidencia histórica la tenemos en el primer párrafo de este artículo: altísima rotación y, por tanto, bajas posibilidades de mantener políticas de largo alcance. Agregamos en dicho foro que, en cambio, sí nos veríamos seriamente afectados si los aproximadamente 1,500 funcionarios públicos con experiencia probada y buena trayectoria, que manejan programas y coordinaciones clave, fueran removidos. Eso ha ocurrido recientemente en varios sectores sin haberse visibilizado de manera contundente. Recuperar o reemplazar ese talento no es fácil y toma tiempo. El equilibrio de poderes implica un sistema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No soy partidario del término 'partidos de oposición'. Pareciera transmitir que la labor es oponerse. Les corresponde fiscalizar, complementar, aportar y criticar constructivamente, no simplemente oponerse. Recientemente, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de delegación de facultades legislativas al Congreso de la República, solicitando la potestad de legislar mediante decretos legislativos por un plazo de 120 días calendario. La propuesta comprendió 66 solicitudes distribuidas en ocho ejes, entre los que destacan seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, impulso productivo, simplificación administrativa y modernización del Estado. Se espera un debate técnico para lograr los objetivos en cada uno de estos ejes, como señal de orden, autoridad y tranquilidad para la ciudadanía. Por otro lado, un Estado meritocrático significa basarse en capacidades, transparencia y la posibilidad de desarrollar una línea de carrera, no en los intereses particulares de los gobernantes de turno. Un buen referente es, sin duda, el Banco Central de Reserva, donde se puede empezar desde los programas de extensión universitaria, a nivel de prácticas no remuneradas, hasta alcanzar los más altos cargos gerenciales de la institución. Otros sectores donde existen esfuerzos meritocráticos, aunque no están exentos de interferencia política, son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en los que las máximas autoridades suelen contar con un recorrido previo en esas instituciones. El tercer elemento se refiere a una justicia confiable. En el caso de la inversión privada, fundamental para el crecimiento de la economía y la generación de empleo, esta requiere estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica. Sin un sistema de justicia que garantice el cumplimiento de los acuerdos, y con altos niveles de corrupción y desconfianza en las instituciones que deben velar por ello, se pierden muchas oportunidades para el país. Es importante tener en cuenta que las grandes reformas estructurales suelen hacerse al inicio de un gobierno —en el primer o segundo año—, no al cierre o durante gobiernos de transición. Se trata de grandes esfuerzos cuyos resultados se aprecian en el mediano y largo plazo. Por tanto, usualmente no se reflejan en un rédito político inmediato. Una reforma educativa, por ejemplo, mostrará sus frutos cuando los egresados de las escuelas obtengan buenos resultados en las pruebas PISA y alcancen mejores niveles de razonamiento matemático, entre otros indicadores. Pretender una reforma integral del Estado representa un gran desafío, pero no se puede afirmar a priori a cuántos ministerios deberíamos reducir el aparato público sin tener claridad sobre las áreas grises entre ellos, una definición precisa de funciones, presupuestos e indicadores de impacto. Las condiciones están dadas. El momento es ahora.