La perversa lógica del mercadeo

El actual impulso de la reforma de la financiación autonómica parte del acuerdo alcanzado por el PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa, que contempla un modelo singular de financiación para Catalunya. Que una reforma que debe ordenar la financiación del conjunto del sistema tenga su origen en un acuerdo entre el Gobierno y una comunidad autónoma introduce desde el inicio una dificultad para alcanzar un acuerdo territorial amplio. Una dificultad que se ha puesto de manifiesto en su primer trámite formal, ya que en el CPFF solo contó con el apoyo de Catalunya y Canarias, mientras las comunidades del PP votaron en contra, al igual que Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, y Madrid ni siquiera asistió. El nuevo modelo promete más recursos para todas las comunidades y una reducción de las diferencias de financiación, según Hacienda. Pero una reforma de esta naturaleza no puede valorarse únicamente por el dinero adicional que pone sobre la mesa. También importa cómo se distribuye, qué criterios se utilizan y qué efectos tiene sobre la posición relativa de cada territorio. Es precisamente en esos criterios donde está buena parte de la discrepancia. Las comunidades que rechazan el modelo consideran que perjudica la igualdad y la solidaridad interterritorial, reprochan a Hacienda que no haya incorporado sus propuestas y cuestionan la falta de una negociación efectiva al no haberse modificado la propuesta a partir de sus principales alegaciones. En estas condiciones, resulta paradójico que la aprobación de la propuesta pueda acabar dependiendo de Junts, que rechaza el modelo y reclama un concierto económico para Catalunya. Las palabras de la consellera de Economía, Alícia Romero, quien confía en que durante la tramitación el Gobierno le ofrezca «alguna cosa» que le haga cambiar de posición, apuntan hacia una lógica de intercambio difícil de conciliar con la naturaleza de la reforma. Una cosa es negociar los contenidos de un nuevo sistema y aceptar que Catalunya pueda mejorar su financiación dentro de él y otra muy distinta es introducir concesiones, no para ganar más apoyos, sino para que un partido que rechaza la propuesta termine respaldándola con el único objetivo de mantener al Gobierno. Urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica, pero su impulso debería responder a la necesidad de resolver un problema institucional pendiente desde hace más de una década y no a necesidades coyunturales. Menos aún cuando la propuesta llega al Congreso sin el respaldo de buena parte de las comunidades que, si se aprueba, tendrían que aplicarla y puede acabar condicionada por una negociación parlamentaria con quienes inicialmente la rechazan, en lugar de ser el resultado de un amplio acuerdo entre los actores implicados sobre las reglas que deben regir el sistema. Las reformas institucionales, para que perduren y gocen de legitimidad y promuevan la lealtad, deben responder a necesidades generales y no a las del Gobierno de turno.