De las acciones colectivas a la litigación reputacional

Durante años, las empresas han gestionado el riesgo digital con una lógica relativamente sencilla: cumplir la normativa, evitar sanciones y contener las crisis reputacionales. Ese modelo empieza a quedarse corto. La verdadera amenaza ya no es la multa. Es lo que puede venir después. La Unión Europea ha desplegado un ambicioso marco regulatorio para la economía digital, desde la protección de datos hasta la inteligencia artificial y las acciones colectivas de consumidores (esta última, con texto consolidado publicado el 2 de agosto 2026 y su transposición aún pendiente en España). El efecto es evidente: la defensa de los derechos de consumidores y ciudadanos ya no dependerá únicamente de los reguladores. Los tribunales asumirán un papel cada vez más relevante. Esto supone un cambio de paradigma. Una sanción administrativa puede dejar de ser el final del problema para convertirse en el inicio de una reclamación colectiva derivada de una decisión automatizada, un algoritmo, una filtración de datos o un sistema de inteligencia artificial. Es en este contexto donde cobra importancia lo que denomino litigación reputacional. No se trata únicamente de defender una posición jurídica. Se trata de proteger la confianza cuando el litigio amenaza la credibilidad de una organización. La banca ya recorrió ese camino. Los grandes litigios masivos demostraron que el coste más elevado no suele estar en las indemnizaciones, sino en la erosión de la confianza. En determinados sectores, la mera interposición de una demanda puede dañar la reputación de una empresa (o un sector) mucho antes de que exista una sentencia. La inteligencia artificial amplificará ese fenómeno. La gran batalla jurídica de la próxima década girará alrededor de una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién demuestra que un algoritmo causó un daño? ¿Quién acredita que una decisión automatizada discriminó, restringió la competencia o produjo un perjuicio económico? La respuesta exigirá algo más que tecnología y derecho. Exigirá capacidad de explicación. La trazabilidad, la supervisión y la documentación de los sistemas dejarán de ser simples exigencias de compliance digital para convertirse en elementos esenciales de prueba ante los tribunales. Y ahí es donde la causalidad se convierte en reputación. Cuando una empresa no puede explicar cómo tomó una decisión automatizada o qué controles aplicó, no solo debilita su defensa jurídica. También cuestiona su legitimidad ante clientes, inversores, reguladores y opinión pública. Coincido con Ikhlaq Sidhu cuando afirma que la confianza será el activo más valioso en la era de la inteligencia artificial. Precisamente por ello, las disputas del futuro no versarán únicamente sobre daños económicos o incumplimientos normativos. Tendrán como objeto algo mucho más relevante: la confianza. Porque en la economía digital una empresa puede sobrevivir a una sanción. Lo que difícilmente puede permitirse es perder credibilidad. * Richard Aguilar Díaz, Doctor en Derecho y abogado especializado en Compliance Digital.