El Sinaloa que no cabe en el Informe

El Segundo Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum presenta la imagen de un país que avanza en seguridad y economía. Esa descripción difícilmente se sostiene frente a la realidad nacional y se desmorona al contrastar sus cifras con lo que ocurre en Sinaloa. El ejemplo más evidente está en la seguridad. La Presidenta presume una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Para obtenerla compara septiembre de 2024 con julio de 2026. Son dos meses seleccionados; la medición omite años completos o periodos equivalentes y presenta la distancia entre esos puntos como el resultado de 22 meses. Una fotografía conveniente, pero incompleta. En Sinaloa, los periodos comparables cuentan otra historia. Durante 2023 se registraron 531 víctimas de homicidio doloso; en 2025 fueron 1,656: un incremento de 212 por ciento, más del triple. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 735 víctimas, frente a 321 durante el mismo periodo de 2023. La violencia letal continúa 129 por ciento por encima del nivel previo a la guerra criminal. El registro periodístico de Noroeste dimensiona todavía más la tragedia: 3,779 homicidios dolosos desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2026. Son 5.2 asesinatos diarios durante casi dos años. A esa cifra se suman las desapariciones y el desplazamiento forzado. El miedo también ha modificado la vida cotidiana: en Culiacán, 90.8 por ciento de las personas adultas considera inseguro vivir en la ciudad. Las mujeres enfrentan la expresión más brutal de este fracaso. Sinaloa registró 54 víctimas de feminicidio entre enero y julio y encabezó al país tanto en número como en tasa. Frente a ese dato, el discurso oficial sobre los derechos de las mujeres queda reducido a propaganda. Ninguna transferencia económica protege a una mujer ante un Estado incapaz de garantizarle la vida. La crisis también aparece en los hogares y en los centros de trabajo. Mientras la pobreza laboral disminuyó nacionalmente, Sinaloa fue la entidad donde más aumentó: 3.7 puntos porcentuales en un año. El ingreso laboral real por persona cayó 3.4 por ciento y el estado tenía en julio 21,316 empleos formales menos que dos años antes. El Gobierno presume inversión, pero esa inversión no está produciendo empleos suficientes. Gran parte corresponde a reinversión de utilidades de empresas ya establecidas. Las micro, pequeñas y medianas empresas —las que sostienen buena parte del empleo local— cierran o reducen personal ante la violencia y la caída del consumo, agravadas por la extorsión. Según organismos empresariales, desde el inicio de la crisis han cerrado alrededor de 5 mil negocios y se han perdido 27 mil puestos de trabajo. El campo completa esta realidad. Las actividades primarias cayeron 16.6 por ciento anual y uno de los estados que alimenta a México terminó entre los de peor desempeño en el sector. Productores endeudados, cosechas sin rentabilidad y comunidades rurales abandonadas forman parte del costo que el Informe dejó fuera. Sinaloa exhibe la enorme distancia entre gobernar con promedios y responder por cada territorio. Aquí los homicidios siguen por encima de los niveles previos a la crisis y el trabajo alcanza para menos; miles de negocios han bajado sus cortinas. La Presidenta puede presumir resultados nacionales. Muchos de ellos, muy cuestionables. Pero a nosotros lo que nos importa, es que explique por qué, bajo su gobierno, esos resultados siguen sin llegar a Sinaloa.