Las Malvinas como botín político

Hinchas argentinos quemaban el 15 de julio en Buenos Aires una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas" junto a una bandera inglesa dibujada después de que la albiceleste derrotase a la selección de Inglaterra en las semifinales del Mundial. Cuando las encuestas sobre la gestión presidencial se tornan negativas en Argentina, no hay causa con tanto consenso y tan eficaz para cambiarle el foco a la opinión pública que la recuperación de las islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. El presidente argentino, Javier Milei, anunció la pasada semana una serie de medidas para reivindicar la soberanía sobre el archipiélago, como sancionar a las empresas que participen de la explotación petrolera en las islas o incrementar el presupuesto para construir una base naval en Tierra del Fuego, en el extremo sur del país. Si bien las medidas se enmarcan en la posición histórica sostenida por Argentina, la oportunidad y el contexto en que se anuncian alimentan las especulaciones y las alertas sobre el eventual uso político por parte del presidente de una cuestión de profundo arraigo en la identidad de los argentinos. La postura de Milei respecto a las Malvinas se situaba lejos de lo que proclama ahora: mientras alardeaba de su admiración por Margaret Thatcher, impulsaba la idea de convencer a los habitantes de las islas de la conveniencia de ser argentinos como medio para recuperar el territorio. Contradecía así una de las premisas defendidas por Argentina: en este caso no se aplicaría el derecho a la autodeterminación de los pueblos al tratarse de una población implantada por la nación ocupante de las islas. Por eso sorprende que Milei decida ahora enarbolar la causa de las Malvinas. Sin embargo, las sanciones contra las petroleras están previstas por ley desde hace casi 15 años, hasta el punto de que la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, dos de las empresas apuntadas por Milei, ya fueron sancionadas por gobiernos anteriores con la prohibición de operar en el país durante 20 años. Por su parte, la construcción de una base naval en Tierra del Fuego fue anunciada, e iniciada en 2022, por el Gobierno del peronista Alberto Fernández, y desde la asunción de Milei no había registrado mayores avances, víctima de los recortes de fondos que paralizaron la obra pública en el país. El cambio de criterio presidencial parece motivado por dos factores recientes. Primero, la irrupción de la cuestión de las islas a raíz del Mundial de fútbol, cuando los jugadores argentinos alzaron una bandera con la leyenda 'Las Malvinas son argentinas' tras vencer a la selección inglesa. Y, segundo, como ha reconocido Milei, la amenaza de Donald Trump al Reino Unido de revisar el apoyo de Estados Unidos ante el conflicto, un castigo por la negativa británica a acompañar las operaciones en el estrecho de Ormuz contra Irán. En una etapa marcada por la percepción social negativa sobre la gestión del Gobierno argentino, según las encuestas, aferrarse a las Malvinas ha permitido a Milei recuperar cierta iniciativa política e instalar un debate nacionalista capaz de amortiguar las tensiones internas. Pero esta estrategia abre interrogantes acerca de los riesgos de supeditar una política de Estado a la cambiante conveniencia de un Ejecutivo que, para colmo, se apoya en las oscilantes posiciones de Trump, a cuya suerte y estado de ánimo Milei parece atarse. Está en juego además la traumática memoria de la guerra de 1982, cuando la última dictadura militar arrastró al país a un conflicto donde murieron 649 argentinos y 255 británicos. Nada que vaya a inquietar al populista Milei, que ha entendido el poder de una bandera en tiempos adversos.