El dato (no siempre) mata el relato

El 8 de enero, tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa, Oriol Junqueras anunció el acuerdo para reformar el modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014. Meses antes, el 14 de julio, el Gobierno y la Generalitat ya habían presentado un pacto para mejorar la financiación de todas las comunidades. Pero en política las imágenes pesan tanto como los textos, y la fotografía de Junqueras junto a Sánchez dejó marcado el acuerdo. Desde entonces, cualquier posibilidad de consenso con el PP y con la mayoría de las autonomías quedó seriamente comprometida. El viernes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el nuevo modelo con los votos del Gobierno, Cataluña y Canarias, frente al rechazo del resto de comunidades, incluidas las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias. Falta ahora el Congreso, donde el Ejecutivo deberá reunir una mayoría complicada, entre otras cosas porque Junts no parece dispuesto a facilitarla. Y, sin embargo, sobre el papel, la reforma tiene argumentos sólidos. El nuevo sistema aporta unos 21.000 millones de euros adicionales al año y actualiza los criterios de reparto mediante la llamada 'población ajustada', que tiene en cuenta no solo el número de habitantes, sino también factores como el envejecimiento, la dispersión o la despoblación. Además, aumenta la capacidad tributaria de las autonomías y refuerza los mecanismos de solidaridad y nivelación para reducir las diferencias de financiación por habitante. Pero en política no siempre se cumple aquello de que 'dato mata relato'. El pecado original de esta reforma fue la forma en que se presentó. La imagen de Sánchez y Junqueras instaló la percepción de que la financiación de todas las comunidades se había negociado con el independentismo. Poco importa que fuera el Govern, más que ERC, quien llevara buena parte del peso de la negociación. El relato ya estaba construido y, una vez asentado, es difícil combatirlo con cifras. Mucho más cuando las urnas empiezan a aparecer en el horizonte.