Una financiación que peca en el origen

La aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no despeja las dudas sobre una reforma que marcará el futuro de las comunidades en los próximos años. La votación del viernes deja una paradoja difícil de ignorar: el Gobierno logra sacar adelante su propuesta gracias a la aritmética del órgano, pero frente al rechazo de la inmensa mayoría de los territorios afectados. El aval del CPFF no supone la aprobación definitiva del sistema. La reforma deberá superar todavía el incierto trámite parlamentario. Pero el resultado sí permite extraer una conclusión evidente: el Ejecutivo obtiene una victoria procedimental, no un consenso territorial suficiente para respaldar un cambio de semejante trascendencia. Andalucía llega a este debate desde una posición especialmente sensible. Durante años ha soportado una infrafinanciación acreditada por los datos. El modelo vigente, caducado hace más de una década, resulta perjudicial para una comunidad que necesita recursos acordes con su población y los servicios públicos que presta. La necesidad de una reforma es indiscutible. Pero la urgencia no justifica cualquier solución. La principal debilidad de la propuesta reside en su origen. El nuevo modelo aparece condicionado por los acuerdos alcanzados con las fuerzas nacionalistas catalanas y por una negociación bilateral que ha relegado a un segundo plano a buena parte de las comunidades autónomas. Eso explica la amplia contestación territorial y proyecta una lógica desconfianza sobre un sistema que debería nacer del mayor consenso posible. Andalucía figura entre las comunidades que más recursos recibirían con el nuevo reparto. Pero el debate no puede reducirse a esa cifra. La cuestión es si el nuevo sistema corrige de forma estable la infrafinanciación andaluza sin introducir nuevos desequilibrios. Andalucía necesita una reforma, pero no cualquier reforma. Ése será el verdadero examen del modelo.