Después del terremoto: el desafío también es institucional

Por: Jorge Mario Forero Botero Un terremoto no destruye únicamente viviendas, vías, hospitales o escuelas: también pone a prueba la capacidad de las instituciones para responder cuando casi todo lo demás dejó de funcionar. El sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 330 muertos y afectó a 494 municipios de 16 departamentos. En Caicedonia y Sevilla, municipios de la Regional Eje Cafetero de la Universidad del Valle, el sismo obligó a suspender la presencialidad y a pasar a modalidad PAT mientras se evaluaban los daños en las sedes. En Roldanillo, más de 3.000 viviendas resultaron afectadas y el dique de Asorut quedó agrietado. En Versalles, el golpe fue mayor: la alcaldía quedó inhabitable, la iglesia principal y buena parte del caserío se destruyeron, y el puente que comunica a La Victoria con La Unión, paso obligado hacia Versalles y la cordillera, colapsó y dejó incomunicada esta zona del norte del Valle. Son territorios con los que tengo cercanía y cariño: sé qué alcaldía está hoy sosteniendo su operación con parte de su infraestructura en el suelo. Tendemos a pensar que un municipio de categoría cuarta tiene mayor capacidad que uno de quinta o sexta. No siempre es así: uno con mejores capacidades puede sufrir un golpe tan severo que estas resulten insuficientes, mientras otro, más débil, sale mejor librado. El propio DNP lo reconoce: Colombia tiene 1.102 municipios heterogéneos, y por eso avanza hacia tipologías territoriales que reconozcan capacidades reales más allá de la categoría fiscal de la Ley 617. No todos los municipios necesitan lo mismo, aunque hayan vivido el mismo terremoto. En las primeras horas, la urgencia por actuar es comprensible: rescatar, remover escombros, garantizar agua y albergue. Convocar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres puede sentirse una carga innecesaria, pero cuanto menos tiempo hay para planear, más caro resulta actuar sin planificación. Esos espacios existen para evitar que veinte funcionarios bien intencionados tomen veinte decisiones desconectadas. Incluso la urgencia manifiesta de la Ley 80 exige un acto administrativo motivado: la emergencia justifica rapidez, no improvisación. La Ley 1523 de 2012 obliga a formular planes de rehabilitación que no reactiven el riesgo preexistente, y para eso hacen falta datos: viviendas caracterizadas, vías evaluadas, predios en riesgo. Las fuentes de financiación ya existen (Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, Fondo de Adaptación y, en el Chocó, el SGR vía OCAD Paz). Lo que hoy parece un simple registro de la emergencia, mañana es el insumo técnico que sostiene el proyecto que trae los recursos. Colombia ya sabe reconstruir: lo hizo tras el terremoto de Armenia de 1999, cuando el FOREC alcanzó el 93 % de sus metas en dos años y medio, delegando la ejecución a gremios y organizaciones comunitarias. No es casual que el Gobierno haya anunciado, el 24 de agosto, un fondo inspirado en ese modelo. Lo que me interesa es si esta vez los municipios llegarán a esa mesa con información propia. La Misión de Descentralización ya advirtió que Colombia asignó competencias de forma homogénea a territorios profundamente distintos, y que los municipios necesitan mejores instrumentos de planeación para ejercerlas. Descentralizar no debería significar solo trasladar responsabilidades, sino también construir la capacidad territorial para asumirlas. Dentro de algunos meses, cuando la emergencia deje de ocupar titulares, empezará la etapa más larga. Los municipios que hayan organizado sus datos estarán un paso adelante frente al fondo de reconstrucción, frente al Gobierno nacional y frente a su propia comunidad. Planear no es adivinar el futuro; es estar preparado para cuando todo vuelva a moverse. La reconstrucción física ya empezó. La reconstrucción institucional debe empezar desde ahora. Caicedonia, Sevilla, Roldanillo y Versalles, como tantos otros municipios golpeados, deben ser una prioridad para muchas más manos: instituciones públicas, academia, sector privado y organizaciones sociales que, cada una desde su lugar, decidan acompañarlos de verdad. Arquitectura pública para resultados. Otras columnas de Opinión Entérate con El Expreso